El Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero, analiza no homologar completamente acuerdos paritarios que considere inviables.
La decisión responde a una estrategia oficial que busca que los aumentos salariales se mantengan por debajo de la inflación y rechaza especialmente ciertas cláusulas, como las contribuciones empresariales a las obras sociales. Este escenario podría intensificar la tensión con los gremios en un contexto de presión de los trabajadores por recomponer ingresos.
Uno de los casos más sensibles es el acuerdo del sindicato de Comercio, liderado por Armando Cavalieri. Aunque el Gobierno no objeta el aumento del 5% en tres tramos ni el bono de $120.000, sí cuestiona dos puntos clave: el incremento de la cuota solidaria por encima del límite legal y el fuerte aumento del aporte empresarial a la obra social OSECAC. Estas modificaciones implican un impacto económico millonario, lo que llevó a que se evalúe una homologación parcial, reeditando conflictos similares a los ocurridos en 2025.
Una situación parecida se dio con el sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, donde también se homologó solo una parte del acuerdo salarial y se rechazaron aportes a la obra social y otros adicionales. Mientras que en Comercio las empresas podrían aceptar pagar lo pactado aun sin homologación, en el sector camionero varias pymes se resisten debido a la crisis económica. Este escenario abre interrogantes sobre un posible aumento de conflictos laborales y su impacto en la estabilidad social que el Gobierno de Javier Milei busca sostener.