Cruce judicial en Tucumán: ordenan a un abogado que deje de vincular a una funcionaria con el expediente

La Justicia le impuso una medida cautelar al letrado Juan Andrés Robles para que se abstenga de mencionar o relacionar públicamente a la funcionaria Solana Casella con la causa que investiga a su pareja, el abogado Luis Ontiveros. La restricción alcanza a medios de comunicación y redes sociales.

Los tribunales provinciales y federales de Tucumán volvieron a ser escenario de un fuerte cruce que excede los expedientes escritos para trasladarse al plano público y digital. En las últimas horas, una resolución judicial impuso un límite estricto a las declaraciones de un conocido letrado local en el marco de una causa de alto impacto institucional que investiga un presunto tráfico de influencias.

La medida recayó sobre el abogado Juan Andrés Robles, a quien la Justicia le ordenó abstenerse de mencionar o relacionar públicamente a la funcionaria judicial Solana Casella con el expediente penal que tiene como principal imputado a su pareja, el también abogado Luis Ontiveros. El alcance de la restricción es categórico: prohíbe cualquier vinculación tanto en intervenciones en medios de comunicación como en publicaciones a través de las redes sociales.

El trasfondo de la investigación federal

El epicentro de la controversia judicial se remonta al proceso que involucra a Luis Ontiveros, quien fue procesado por la Justicia Federal sin prisión preventiva bajo la acusación de presunto tráfico de influencias en dos hechos, además de un delito conexo vinculado a la presunta eliminación de elementos de prueba.

De acuerdo con la investigación, la hipótesis fiscal sostiene que el letrado habría invocado supuestos contactos e influencias dentro del ámbito de los tribunales para ofrecer una supuesta intermediación a cambio de dinero, buscando beneficiar la situación procesal de terceros en causas federales. Entre el material probatorio incorporado al expediente figuran registros de comunicaciones y documentación analizada en el marco de las pesquisas.

En medio de la repercusión que generó el caso dentro de la comunidad jurídica tucumana, el nombre de Solana Casella —pareja de Ontiveros y funcionaria del sistema judicial— comenzó a ser mencionado de manera recurrente en el debate público. Ante esta situación, la reciente resolución judicial intervino para blindar la figura de la funcionaria, exigiendo a Robles el cese inmediato de cualquier señalamiento o asociación mediática con la causa principal.

Desde el ámbito judicial aclararon que la medida cautelar no implica una definición sobre las responsabilidades de fondo que se dirimen en el expediente, el cual continúa su curso procesal habitual en busca de esclarecer por completo los hechos y determinar los grados de participación de cada uno de los involucrados.