Denuncian a un policía por una presunta megaestafa de $500 millones con falsas adjudicaciones del IPV

Un empleado judicial acusó a un efectivo de la Comisaría 6° de captar a unas 120 familias bajo la promesa de facilitar carpetas en barrios como Lomas de Tafí y Manantial Sur. La Jefatura pasó a disponibilidad al uniformado mientras se peritan transferencias y cuentas bancarias.

El anhelo de acceder a la vivienda propia en Tucumán volvió a quedar expuesto ante una presunta maniobra delictiva de gran escala. Un agente de la Policía provincial, con última prestación de servicios en la Comisaría 6°, fue denunciado formalmente por haber montado un circuito de recaudación ilegal que habría perjudicado a unas 120 personas por una cifra global cercana a los $500 millones. Tras la gravedad de la acusación, la fuerza de seguridad dispuso el pase a disponibilidad del uniformado, en tanto el expediente recaló en la Fiscalía de Delitos Complejos para iniciar las pericias financieras correspondientes.

La causa se originó formalmente en la Comisaría 5°, en calle Muñecas al 1.600, tras la presentación radicada por un empleado del Poder Judicial de 37 años. Según consta en el testimonio, ambos hombres se conocían desde hacía tiempo por haber compartido tareas operativas en la morgue judicial. El contacto se reactivó hacia finales del año pasado, momento en que el policía se comunicó vía WhatsApp asegurando contar con una vía directa para ingresar postulantes a los listados del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU).

De acuerdo con la exposición, el agente argumentó supuestos vínculos políticos familiares en áreas de asistencia social para dotar de verosimilitud a la propuesta. Puntualmente, ofreció agilizar la adjudicación de inmuebles en urbanizaciones consolidadas de la provincia, tales como Manantial Sur, San Andrés y Lomas de Tafí. El esquema requería un desembolso inicial de $2 millones para dar apertura a la supuesta carpeta administrativa, complementado con una suma idéntica una vez efectivizada la entrega de la llave.

La operatoria creció en espiral cuando, tras el primer pago efectuado mediante préstamos y ahorros familiares, el uniformado solicitó ampliar el círculo con total reserva a parientes y allegados directos. Con el correr de los meses, las exigencias económicas treparon progresivamente hasta alcanzar cifras de entre $4 y $5 millones por interesado. La maniobra incluía la recolección de legajos completos con actas de matrimonio, partidas de nacimiento de los hijos, recibos de haberes y fotocopias de documentos personales.

Las alertas comenzaron a encenderse cuando los plazos de entrega pactados para febrero y marzo vencieron sin novedades oficiales. Ante las constantes postergaciones, el denunciante detalló una reunión convocada durante el mes de julio en la casa de sus familiares políticos, donde el efectivo —lejos de dar precisiones— se recluyó en una habitación evitando el contacto frontal con los adjudicatarios ficticios. Poco después, las excusas se desplazaron hacia supuestos actos institucionales que jamás derivaron en la adjudicación de los inmuebles.

La presentación judicial adjunta un extenso caudal probatorio compuesto por comprobantes de operaciones electrónicas, datos de cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas a Banco Macro, Mercado Pago y Brubank, además de constancias de cobros en billete papel. El propio denunciante remarcó que actuó con la convicción de resolver su situación habitacional sin percibir retribución alguna, remarcando que el impacto del conflicto derivó en la pérdida de su empleo y en una compleja situación social con su entorno más cercano.

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos deberá ahora realizar la trazabilidad de los fondos denunciados, verificar el destino final del dinero y determinar la existencia de posibles partícipes en otros estamentos públicos. Por el momento, la imputación administrativa determinó el apartamiento preventivo del efectivo policial mientras se aguardan medidas procesales sobre su situación penal.