El decreto introduce cambios en la estructura del sistema de inteligencia, impacta en varios organismos clave, crea nuevas dependencias y unifica funciones. Además, habilita a los servicios de inteligencia a brindar su propia seguridad y a aprehender personas por orden judicial o en situaciones de flagrancia.
El Gobierno publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica de manera integral la Ley de Inteligencia y amplía de forma significativa las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El texto, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, coloca a la SIDE al frente de todo el sistema de espionaje nacional, le otorga la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y la habilita a requerir información a cualquier organismo del Estado. Además, incorpora nuevas facultades operativas, como la posibilidad de aprehender personas por orden judicial o ante la comisión de delitos en flagrancia.
El decreto reordena la estructura del área, crea nuevos organismos, disuelve otros y unifica funciones con el objetivo de agilizar el intercambio de datos estratégicos. Entre los cambios principales, la Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco en el ámbito digital, y la División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI). También se incorporan definiciones que no estaban explícitas en la normativa vigente, como el carácter reservado de las actividades de inteligencia y una descripción detallada de las acciones de contrainteligencia.
La norma amplía y precisa las funciones de la SIDE en áreas clave como la lucha contra el terrorismo, el análisis geoespacial, la gestión criptográfica del Estado y la coordinación con provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos extranjeros. En ese marco, se crean dos espacios de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que agrupa a los organismos de inteligencia junto a áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y entes con capacidad de generar información relevante, como Migraciones, Aduana y organismos estratégicos. La SIDE será la encargada de fijar los procedimientos mediante los cuales estos actores deberán suministrar datos.
Uno de los puntos más novedosos es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, responsable de planificar y ejecutar políticas para proteger el ciberespacio de interés nacional y las infraestructuras críticas. El decreto también autoriza a los organismos de inteligencia a brindar su propia seguridad y a repeler agresiones contra sus instalaciones, bienes o personal. En ese sentido, se establece que el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas en el marco de requerimientos judiciales o ante delitos flagrantes, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales competentes, mientras se garantiza la continuidad operativa durante el proceso de reorganización del sistema.