El gobierno venezolano formalizó la declaración del Estado de Conmoción Exterior mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial, una decisión que profundiza la crisis política e institucional abierta tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York. La norma, firmada por el propio Maduro y refrendada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, otorga rango de ley a un régimen de excepción con una vigencia inicial de 90 días, prorrogables por otro período similar. El texto amplía de manera sustancial las facultades del Poder Ejecutivo en un contexto de confrontación directa con Estados Unidos.
Uno de los aspectos más controvertidos del decreto es la habilitación expresa para la persecución y detención de civiles que el régimen considere vinculados al apoyo de la operación estadounidense. La norma ordena a las fuerzas de seguridad nacionales, estadales y municipales emprender la “búsqueda y captura” de personas acusadas de promover o respaldar acciones de Washington contra Venezuela. Aunque la posibilidad de declarar un estado de conmoción había sido anticipada meses atrás, el contenido definitivo del decreto se mantuvo en reserva y fue actualizado tras los acontecimientos del último fin de semana, lo que refuerza su carácter reactivo y excepcional.
El decreto también dispone la militarización de áreas estratégicas, incluyendo los servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas del Estado, cuyos trabajadores quedarán temporalmente sometidos al régimen militar. Además, habilita la requisa de bienes considerados necesarios para la defensa nacional y la suspensión de derechos como la reunión y la manifestación pública. La cláusula que autoriza al Ejecutivo a adoptar “cualquier otra medida” que considere necesaria amplía aún más el margen de discrecionalidad del gobierno en la aplicación del estado de excepción.
Si bien el texto sostiene que se preservarán derechos fundamentales como la vida y la libertad personal, admite restricciones a garantías constitucionales durante su vigencia, en un marco donde los contrapesos institucionales son limitados. La Constitución prevé la revisión del decreto por parte de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia, ambos bajo control del chavismo. En un escenario de máxima tensión diplomática y política, la entrada en vigor del Estado de Conmoción Exterior redefine el equilibrio de poder en Venezuela y anticipa un período de fuertes restricciones internas, cuyo impacto dependerá tanto de su duración formal como de su implementación efectiva.