El Gobierno presentó un recurso extraordinario per saltum para que la Corte Suprema intervenga directamente en el conflicto judicial por la reforma laboral, luego de que un juez suspendiera de forma cautelar más de 80 artículos tras un amparo de la CGT.
La medida, impulsada por la Procuración del Tesoro, busca acelerar el proceso y evitar instancias intermedias.
En su presentación, el Estado cuestionó con dureza el fallo, al sostener que el juez laboral no tenía competencia, que no existía un caso concreto ni legitimación de la CGT y que la cautelar vulnera la división de poderes al frenar una ley aprobada por el Congreso. Además, argumentó que la central obrera no demostró un perjuicio específico derivado de la aplicación de la norma.
La suspensión judicial afecta puntos clave como indemnizaciones, modalidades de contratación y aportes sindicales. Mientras el Gobierno intenta revertir la medida y restituir la vigencia de los artículos, también logró que el caso sea trasladado al fuero contencioso administrativo, reforzando su estrategia para que la Corte defina la constitucionalidad de la reforma.