El Poder Ejecutivo oficializó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), empresa a cargo de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, a través del Decreto 695/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida habilita la transferencia del 44% de las acciones de la compañía mediante una licitación pública nacional e internacional. El 51% permanecerá en manos del Estado, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras que el 5% será destinado a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
NA-SA fue creada en 1994 para reorganizar funciones de la CNEA, asumiendo desde entonces la operación y construcción de las centrales nucleares bajo normas de seguridad nuclear y radiológica.
Según lo dispuesto, el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y dictará las normas necesarias para implementar el proceso, con participación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la Secretaría de Trabajo y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.
El Ejecutivo fundamentó la decisión en que la actividad nuclear ya había sido declarada “sujeta a privatización” en la década de 1990 y que la Ley 27.742 (Ley Bases) ratificó en 2024 esa condición, permitiendo el ingreso de capital privado siempre que el Estado mantenga mayoría accionaria. Entre los objetivos mencionados se destacan el financiamiento de proyectos estratégicos como la extensión de vida útil de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados de Atucha II.
Actualmente, la participación accionaria de NA-SA se distribuye entre el Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y Energía Argentina S.A. (1%). Con el nuevo esquema, esas participaciones pasarán a la Secretaría de Energía para viabilizar el proceso licitatorio.
Debate político y opositor
La decisión generó objeciones en el Congreso. El senador José Mayans presentó un proyecto para impedir la venta del 44% de las acciones, mientras que la diputada Agustina Propato impulsa una iniciativa que prohíbe la venta o cesión de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Propato argumentó que dichas centrales “no pueden ser enajenadas ni utilizadas como garantías financieras debido a su carácter estratégico para el desarrollo y la seguridad nacional”.
La oposición busca que los proyectos se incluyan en la agenda parlamentaria de esta semana y confía en sumar apoyos entre legisladores que habían acompañado la Ley Bases.
Reacciones internacionales
En paralelo, la Subsecretaría de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos expresó su interés en fortalecer la cooperación nuclear con Argentina, tras una reunión mantenida con la comitiva oficial en Nueva York.
Desde sectores opositores, se cuestiona que la medida responda a alineamientos geopolíticos más que a un plan de desarrollo nuclear. En este sentido, el ex vicepresidente de la CNEA, Diego Hurtado, señaló que la paralización del proyecto CAREM coincide con la estrategia de Estados Unidos de competir en el mercado de pequeños reactores nucleares.
Argumentos del Ejecutivo
El Gobierno sostuvo que, pese a que en 2024 Nucleoeléctrica alcanzó un récord de 10.449.015 MWh netos generados y un factor de carga del 73,3%, la empresa requiere aportes estatales para sostener inversiones. En 2023 recibió 700 millones de pesos en transferencias de capital no reintegrables. Según el decreto, la incorporación de capital privado permitirá diversificar riesgos y asegurar la continuidad de proyectos estratégicos.