El Gobierno nacional evalúa presentar a las universidades una propuesta de financiamiento con el objetivo de cerrar el conflicto judicial por la Ley de Financiamiento.
La iniciativa surge luego de la reciente Marcha Federal Universitaria y busca desactivar la disputa que actualmente aguarda una definición de la Corte Suprema.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo propone transferir fondos contemplados en su propio proyecto de ley enviado al Congreso, que reconoce únicamente la pérdida salarial docente correspondiente a 2025. A cambio, las universidades deberían retirar la medida cautelar que exige el cumplimiento pleno de la ley vigente, que incluye actualizaciones salariales y becas según la inflación.
La cautelar en cuestión podría obligar al Estado a desembolsar cerca de 2,5 billones de pesos si el fallo resulta adverso. Por eso, el Gobierno intenta alcanzar un acuerdo que implique un menor impacto fiscal. No obstante, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron que aún no recibieron una propuesta formal.
El proyecto oficial también plantea diferencias con la normativa actual: prevé aumentos salariales escalonados, sin actualización automática por inflación, y omite la recomposición de gastos de funcionamiento acumulados. Sin embargo, incluye una partida adicional de más de $80.000 millones destinada al sistema de salud universitario.