El Gobierno nacional se prepara para insistir en 2026 con la ley de Ficha Limpia, que fue aprobada por Diputados pero cayó en el Senado en mayo del año pasado por el rechazo del kirchnerismo y el cambio de postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Según los cálculos actuales, el escenario en la Cámara alta es sustancialmente más favorable: la suma de un oficialismo ampliado y bloques dialoguistas que ya acompañaron la iniciativa permitiría superar con holgura los 37 votos necesarios para sancionar una norma electoral.
Hoy, el interbloque oficialista del Senado reúne 21 legisladores, muy por encima de los seis o siete que tenía antes del 10 de diciembre. A ese núcleo se sumarían senadores de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales que ya votaron a favor en 2025 y conservan sus bancas. Entre ellos figuran referentes radicales, macristas y aliados habituales del Ejecutivo, además de legisladores independientes como los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano y la tucumana Beatriz Ávila. Sin contar a nuevos senadores que asumieron recientemente, el respaldo ya alcanzaría entre 39 y 40 adhesiones.
El proyecto de Ficha Limpia busca impedir que sean candidatos a cargos electivos quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública. Con Diputados alineado y los números encaminados en el Senado, en la Casa Rosada consideran que solo resta activar el trámite legislativo, ya sea en eventuales sesiones extraordinarias o a partir de marzo, cuando comience el período ordinario. Salvo una sorpresa de último momento, el oficialismo cree que esta vez la ley podría convertirse en realidad.