“Estamos convencidos de que existen empresarios con la capacidad y responsabilidad”, afirmó Viola sobre la decisión de adjudicar las líneas.
Las tensiones entre la gestión de la intendenta Rossana Chahla (PJ) y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) van en aumento. Luego del anuncio de la entidad privada sobre la reducción de las frecuencias en el ámbito de la Capital, el municipio aceleró la elaboración de los pliegos para licitar las concesiones del servicio de transporte público de pasajeros.
“Desde la Intendencia de San Miguel de Tucumán no aceptaremos medidas extorsivas por parte de los empresarios de colectivos, quienes desde hace años vienen prestando un servicio deplorable en la ciudad”, aseveró el secretario de Gobierno, Martín Viola.
Este lunes, directivos y miembros de Aetat expresaron su decisión de restringir el servicio en un 40% a partir de este miércoles en la Capital como una medida de emergencia para hacer frente a la crisis económica. Además, acusaron a la gestión de Chahla de no implementar políticas para el sector, tanto por la falta de subsidios como por la demora en la actualización de las tarifas. En especial, cuestionaron que se mantenga la concesión precaria de las líneas de ómnibus para el ámbito urbano. En paralelo, los empresarios anticiparon el despido de unos 200 choferes, por lo cual el gremio de UTA llevará adelante un paro por tiempo indeterminado a partir de este miércoles.
Viola, por su parte, calificó la medida de Aetat como “arbitraria y antidemocrática”. “Atenta contra los intereses del pueblo”, sostuvo. Y añadió que es “una clara reacción a la firme postura de esta intendencia, que busca avanzar en la mejora sustancial del servicio para los vecinos”.
“Es llamativo que esta medida de fuerza afecte únicamente a la Capital y no a otras jurisdicciones, cuando las mismas empresas también prestan el servicio interurbano”, indicó el funcionario de Chahla.
Revés al pedido de Aetat por los subsidios
Según Viola, la crisis del transporte constituye “un problema integral, que involucra a diversos sectores: empresarios, representantes de los trabajadores, municipios y la provincia”. “Es una problemática de alcance nacional, y por lo tanto, las soluciones deben surgir del compromiso y la voluntad de todos los sectores”, insistió.