La reforma laboral, columna vertebral de la agenda de Javier Milei, quedó a un paso de la sanción definitiva tras una negociación clave con los gobernadores.
El proyecto avanzó con una velocidad inusual: obtuvo luz verde en el Senado, fue aprobado con cambios en Diputados y regresó a la Cámara Alta con dictamen favorable para su aprobación final. En la Casa Rosada leen la secuencia como una señal de fortaleza política en un Congreso fragmentado.
El único foco de tensión en una semana favorable fue el cierre de la planta de Fate, decisión que el Gobierno interpretó como un movimiento inoportuno en pleno debate legislativo. Milei apuntó contra el titular de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, a quien acusó de mantener prácticas “prebendarias”. La administración nacional activó una conciliación obligatoria a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para garantizar la reapertura y el pago de salarios, en una intervención que abrió interrogantes sobre el equilibrio entre discurso liberal y gestión del conflicto.
Más allá del episodio puntual, el Presidente dejó una definición doctrinaria: el liberalismo —sostuvo— no es sinónimo de defensa irrestricta de empresarios, sino del libre mercado. El mensaje fue claro puertas adentro y hacia el sector privado: el Estado no blindará compañías que no logren adaptarse al nuevo esquema de competencia. En el nuevo escenario, repiten en Balcarce 50, la supervivencia dependerá de eficiencia y competitividad, no de protección oficial.