El Gobierno sigue con atención dos variables clave en un contexto de creciente tensión política: la evolución de la inflación de marzo y las encuestas de imagen.
Las primeras estimaciones privadas anticipan un índice que se ubicaría entre el 2,8% y el 3,5%, impulsado principalmente por subas en alimentos —en especial la carne— y combustibles, estos últimos afectados por el impacto internacional de la guerra en Medio Oriente sobre el precio del petróleo. Este escenario complica el objetivo oficial de acelerar la desinflación y pone en duda la posibilidad de alcanzar registros cercanos a cero en el corto plazo.
En paralelo, los sondeos de opinión muestran un deterioro en la imagen del Gobierno y del presidente Javier Milei, así como en las expectativas económicas. Si bien el oficialismo aún no enfrenta una alternativa opositora más competitiva, crece el malestar social por la falta de mejora en los ingresos y la dificultad de los hogares para llegar a fin de mes, en un contexto donde persiste la inflación y aumenta la mora en créditos. Las encuestas funcionan así como una señal de alerta sobre un cambio en el humor social.
A este cuadro se suman factores políticos que amplifican la presión, como las investigaciones por el caso Libra y los cuestionamientos a Manuel Adorni por sus viajes. Aunque el Ejecutivo descarta modificar el rumbo económico, la tensión surge del desajuste entre los tiempos del programa oficial —que prevé resultados en varios años— y las expectativas de una sociedad que demanda mejoras más inmediatas.