La Unidad Fiscal de Delitos Complejos e Investigaciones Especiales expuso el modus operandi de una presunta organización que contactaba a vendedores en plataformas digitales con identidades truchas, abonaba con cheques apócrifos y revendía los rodados. La causa suma al menos seis damnificados en el Gran San Miguel de Tucumán y alrededores, un allanamiento clave en Los Pocitos y medidas cautelares en curso.
La compraventa de rodados a través de plataformas virtuales vuelve a estar bajo la lupa judicial en Tucumán debido a maniobras delictivas sofisticadas. La Unidad Especializada de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, encabezada por el fiscal Diego Hevia, formuló cargos contra una organización delictiva dedicada a defraudar a propietarios de vehículos particulares en distintos puntos de la provincia. La causa arrojó su primer resultado de peso: un imputado quedó detenido bajo prisión preventiva por un plazo de 60 días, mientras que un segundo implicado permanece en calidad de prófugo y un tercer sospechoso está siendo investigado.
Durante la audiencia judicial, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás detalló la teoría del caso y reconstruyó el esquema logístico empleado por el grupo. La metodología comenzaba con un relevamiento exhaustivo de publicaciones en redes sociales donde particulares ofrecían motocicletas, automóviles y camionetas. Para concretar el primer acercamiento, los acusados utilizaban perfiles falsos bajo los nombres ficticios de “Jessica Naranjo” y “Carlos Facundo Sánchez”, con el propósito de generar una inicial apariencia de confiabilidad en las negociaciones.
Una vez que acordaban las condiciones del negocio, los falsos compradores establecían una modalidad de pago combinada: entregaban una pequeña parte en dinero en efectivo y completaban el saldo restante mediante cheques. Al momento del encuentro presencial, la banda lograba que los titulares entregaran la posesión del rodado y firmaran la documentación registral de transferencia obligatoria, como el Formulario 08.
El perjuicio económico se consumaba horas más tarde, cuando los vendedores asistían a las entidades bancarias correspondientes y los cajeros constataban que los cheques eran apócrifos o carecían por completo de respaldo de fondos. Con la documentación firmada en mano, la banda procedía rápidamente a revender los vehículos a terceras personas, presentándose ante nuevos compradores con los papeles en aparente regla para desprenderse de las unidades con celeridad.
A raíz de las denuncias radicadas por al menos seis personas damnificadas, el Ministerio Público Fiscal ordenó medidas operativas que derivaron en un allanamiento en una vivienda del barrio Policial, en la zona de Los Pocitos, Tafí Viejo. En el procedimiento se concretó la detención del principal sospechoso y el secuestro de dos motocicletas, ocho teléfonos celulares, cinco cédulas de identificación del automotor, una notebook, dos dispositivos Posnet, formularios 08 en blanco, talonarios de recibos comerciales, chips prepagos de distintas empresas, fotocopias de DNI, dispositivos de almacenamiento y abundante documentación automotor.
La fiscalía acreditó que la banda operaba con múltiples líneas telefónicas registradas con identidades falsas para dificultar el rastreo digital de sus movimientos. Asimismo, se remarcó la gravedad del daño, dado que ninguno de los seis damnificados logró recuperar hasta el momento ni su vehículo ni el dinero pactado. Como agravante, durante el allanamiento el imputado intentó deshacerse de elementos de prueba ocultando un teléfono móvil en el ventiluz del baño.
Pese a que la fiscalía solicitó una medida cautelar de encierro por 90 días ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, el juez interviniente convalidó la acusación y fijó la prisión preventiva por el término de 60 días en una unidad carcelaria, mientras la Policía continúa con los operativos para capturar al sospechoso que permanece en rebeldía.
Ante la creciente oferta de operaciones comerciales en redes sociales y la proliferación de fraudes digitales, ¿qué precauciones adicionales o mecanismos formales considerás imprescindibles para no caer en este tipo de engaños al vender un vehículo en la provincia?