Una llamada telefónica desde el penal de Villa Urquiza destapó un entramado de exigencias económicas y beneficios carcelarios. Exigían 25.000 dólares y una camioneta a cambio de garantizar la integridad física de un procesado dentro del presidio tucumano.
El caso por el secuestro récord de 470 kilos de cocaína en suelo tucumano —un cargamento valuado en 2,3 millones de dólares— sumó un capítulo violento. Esta vez, el foco de la justicia provincial no está puesto en las rutas del narcotráfico, sino en los pasillos del penal de Villa Urquiza, donde la convivencia entre internos derivó en una denuncia por extorsión contra miembros del conocido “Clan Caro”.
De acuerdo con las actuaciones tramitadas por el fiscal Mariano Fernández, la maniobra extorsiva tuvo como víctima a Marcos Nacif, el hombre imputado como el conductor de la camioneta Toyota Hilux en la que Gendarmería Nacional interceptó el estupefaciente. Según la presentación efectuada por sus letrados defensores, Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h) —a través de los hijos del propio Nacif—, integrantes del clan familiar exigieron una suma de U$S 25.000 y la entrega inmediata de una camioneta Renault Oroch.
El pago de este “peaje” o canon de seguridad tenía como único propósito garantizar que Nacif no sufriera represalias o agresiones físicas mientras permanece alojado bajo la medida de prisión preventiva. Los señalados como articuladores de las amenazas son los hermanos Walter, Emanuel y Marcos Caro, quienes se encuentran privados de la libertad en el mismo complejo penitenciario. La investigación apunta además a que los bienes y el dinero en efectivo debían ser entregados en mano a Denise Lobo, madre de los denunciados.
A raíz de las pruebas aportadas, la Justicia dispuso un allanamiento de urgencia en los pabellones de Villa Urquiza. El procedimiento no solo permitió el secuestro de diversos dispositivos de telefonía celular —que ya son materia de peritajes técnicos para reconstruir el flujo de llamadas y mensajes—, sino que dejó al descubierto irregularidades en el régimen de encierro. Durante la requisa, las autoridades constataron que los hermanos Caro habitaban una celda con condiciones consideradas privilegiadas, con acceso a objetos e insumos estrictamente prohibidos para la población penal.
Esta causa paralela se desprende de la investigación principal a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, conducido por el juez José Manuel Díaz Vélez. En dicho expediente, Nacif y otros cinco imputados —entre ellos Rodrigo “Icha” Chávez y Pablo Abraham Pérez— fueron procesados por transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, con embargos trabados sobre sus bienes por $5.000 millones.
La Justicia intenta determinar ahora cómo ingresaron los teléfonos al presidio provincial y si existió complicidad o negligencia institucional que facilitara tanto las exigencias extorsivas como las comodidades dentro del pabellón.