El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de nueva Ley de Financiamiento Universitario con el objetivo de reformular el esquema vigente y responder a los reclamos presupuestarios de las universidades públicas.
La iniciativa, que sería incorporada al temario de sesiones extraordinarias mediante decreto —a publicarse el próximo lunes en el Boletín Oficial—, surge días después de que el Ejecutivo apelara la cautelar que lo obliga a actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias según la ley actual.
Funcionarios de Javier Milei ya iniciaron conversaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para diseñar una norma que, sin derogar formalmente el régimen vigente, lo modifique bajo el argumento de garantizar “viabilidad fiscal” y previsibilidad presupuestaria. El oficialismo busca construir el consenso político necesario para reemplazar la ley sancionada en 2024, que fue vetada por el Presidente pero luego ratificada por el Congreso.
La estrategia apunta a resolver en simultáneo el conflicto presupuestario y las disputas judiciales abiertas en torno al financiamiento universitario, evitando así nuevas sanciones o fallos adversos. En paralelo al impulso de reformas clave como la laboral y la penal juvenil, la Casa Rosada intenta ordenar otro frente sensible, en un contexto de tensión con el sistema universitario y de fuerte discusión sobre el equilibrio de las cuentas públicas.