La CGT, ambas vertientes de la CTA y la UTEP se movilizan este jueves al Palacio de Hacienda. Alertan que casi 6 millones de personas están en mora en el sistema financiero por haber recurrido al crédito para comprar comida, pagar servicios o costear medicamentos.
El tablero gremial y social del país suma un nuevo hito de confluencia en las calles. Este jueves, las principales conducciones sindicales de la Argentina —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos alas de la Central de Trabajadores de la Argentina (de los Trabajadores y Autónoma)— junto a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), llevarán adelante una marcha unificada hacia las puertas del Palacio de Hacienda, sede del Ministerio de Economía de la Nación.
La movilización, articulada en el marco de un plan de lucha conjunto, no tiene esta vez como único eje la discusión salarial clásica, sino una problemática transversal que cala hondo en la vida cotidiana de las familias trabajadoras, tanto formales como informales: el sobreendeudamiento de los hogares y el salto alarmante en los índices de morosidad dentro del sistema crediticio.
El diagnóstico presentado por las cúpulas gremiales en la histórica sede de la calle Azopardo reveló datos críticos sobre la situación financiera de los hogares. Según precisaron las autoridades de las centrales obreras, existen cerca de 6 millones de ciudadanos que ya se encuentran en situación de mora o con severas dificultades para cumplir con compromisos de pago asumidos recientemente.
La naturaleza de ese endeudamiento es el punto central del reclamo. Los dirigentes advirtieron que la masa de créditos personales, adelantos de sueldo y financiamiento con tarjetas no fue tomada para la adquisición de bienes durables, refacciones habitacionales o iniciativas productivas. Por el contrario, señalaron que las familias recurrieron a herramientas financieras —muchas de ellas con tasas de interés sumamente onerosas— con el único fin de cubrir gastos elementales de supervivencia diaria, tales como la compra de alimentos básicos, el abono de tarifas de servicios esenciales, el pago de alquileres y el acceso a medicamentos.
Durante la rueda de prensa donde se oficializó la convocatoria, los referentes sindicales apuntaron directamente a la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el deterioro de las condiciones de vida. Cristian Jerónimo, integrante de la conducción de la CGT, fue tajante al describir la gravedad del panorama: “Cuando la deuda se contrae para poder comer es un problema social”. El dirigente cargó contra el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, señalando que el actual esquema de ajuste económico golpea de lleno el consumo popular y desfinancia el aparato productivo.
A su turno, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, aportó precisiones estadísticas para dimensionar la caída de la actividad económica y el impacto en el mercado de trabajo. De acuerdo con los relevamientos expuestos por la central obrera, el escenario recesivo derivó en la pérdida de aproximadamente 340.000 puestos laborales registrados en el sector formal y en el cese de actividad de casi 30.000 empresas en todo el territorio nacional, variables que agudizan la fragilidad financiera en los distintos distritos del interior.
Por su parte, desde la conducción de la UTEP y la CTA de los Trabajadores coincidieron en que el endeudamiento intrafamiliar dejó de ser una dificultad aislada de cada hogar para convertirse en una crisis estructural de carácter colectivo. Las organizaciones territoriales remarcaron que en los sectores populares y en los barrios más vulnerables, donde el empleo formal escasea, los hogares quedan atrapados en circuitos de crédito informal o financiero de alto costo simplemente para sostener la alimentación diaria, erosionando por completo el poder adquisitivo del sector informal.
Con este escenario de tensión económica, la marcha hacia el Palacio de Hacienda buscará visibilizar el reclamo ante el equipo económico y abrir un canal de discusión sobre las medidas de contención para los sectores asalariados y populares.