La reforma laboral comenzó a regir con una baja de impuestos y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), lo que implicará un costo fiscal estimado entre 0,17% y 0,21% del PBI en 2026.
El principal impacto proviene del FAL, que desvía aportes patronales hacia cuentas individuales para indemnizaciones, reduciendo ingresos del sistema previsional. En menor medida, también influye la eliminación de impuestos internos, aunque su efecto es marginal en comparación.
A este escenario se suman otras presiones fiscales, como las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, que podrían elevar el costo total hasta cerca de 0,75% del PBI. Esto pone en tensión la meta oficial de alcanzar un superávit primario de 1,5%, en un contexto donde la recaudación viene mostrando caídas y las provincias también enfrentan dificultades financieras.
Para compensar estos impactos, el Gobierno apuesta a recortes en subsidios energéticos, ingresos por privatizaciones y ajustes en el gasto público. Además, confía en una recuperación de la recaudación impulsada por el crecimiento económico y una buena campaña agrícola. Aun así, el cumplimiento de la meta fiscal dependerá en gran medida de la evolución de la actividad y del margen político para sostener el ajuste.