El gobernador Osvaldo Jaldo anunció la implementación de un nuevo ordenamiento normativo para el Servicio Penitenciario de Tucumán, en reemplazo de la ley vigente desde 1976, dictada durante un gobierno de facto. La medida se oficializó mediante un decreto de necesidad y urgencia y fue presentada en un acto realizado en la Plaza Independencia, acompañado por autoridades provinciales, judiciales y de fuerzas de seguridad.
El nuevo esquema introduce un organigrama actualizado, que prevé la coordinación del Servicio Penitenciario con la Policía provincial en tareas de seguridad, la profesionalización de la carrera, subsidios para familias, acceso a planes habitacionales, cobertura anual de ART y mejoras en infraestructura y equipamiento, con el objetivo de consolidar un sistema penitenciario moderno.
Transformaciones en seguridad y política carcelaria
En su discurso, Jaldo destacó los avances alcanzados desde el inicio de su gestión en octubre de 2023. Recordó que, al asumir, la provincia contaba con capacidad limitada para alojar detenidos y con un servicio penitenciario reducido en personal y recursos.
“En ese momento teníamos apenas 1.400 agentes y carecíamos de tecnología y equipamiento. Hoy triplicamos la capacidad carcelaria, con más de 3.200 plazas, y aumentamos a 3.600 los efectivos del servicio penitenciario”, detalló. También subrayó la incorporación del complejo de Benjamín Paz y la próxima inauguración del establecimiento de Delfín Gallo, junto con la creación del Instituto Superior Nuestra Señora del Carmen como espacio de formación.
El mandatario remarcó que estas inversiones se realizaron en un contexto económico adverso, gracias a un manejo financiero que permitió revertir el déficit provincial y generar superávit, destinado a áreas clave como seguridad, educación, desarrollo social y salud.
Dignificación y derechos para el personal
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, calificó la reforma como “un día histórico para el Servicio Penitenciario”, al equiparar los derechos de sus integrantes con los de la Policía. Entre las medidas, mencionó ascensos normativizados y transparentes, cobertura de ART durante todo el año y beneficios para las familias.
Asimismo, destacó la profesionalización del personal con programas universitarios de capacitación, incorporación de psicólogos, asistentes sociales y especialistas en cada complejo penitenciario, además de la creación de la Dirección de Bienestar Policial y Penitenciario.
“Con este nuevo marco legal, completamos un proceso de dignificación iniciado hace dos años, que garantiza derechos, capacitación y mejores condiciones laborales para toda la fuerza y sus familias”, afirmó Agüero Gamboa.
El acto contó con la presencia de representantes de los tres poderes del Estado y de distintas fuerzas nacionales y provinciales. Jaldo concluyó señalando que el nuevo ordenamiento “marca un paso fundamental en la modernización del sistema penitenciario tucumano, con el objetivo de garantizar seguridad, eficiencia y dignidad laboral”.