El Gobierno nacional puso en marcha una nueva hoja de ruta para la segunda mitad del año con un objetivo claro: recuperar la iniciativa política y consolidar las condiciones para avanzar con las principales reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.
Tras los recientes cambios en el Gabinete, la Casa Rosada reorganizó sus prioridades y diseñó una estrategia que combina gestión, negociación parlamentaria y acuerdos con los gobernadores.
El plan oficial se sostiene sobre tres ejes principales: la agenda legislativa en el Congreso, el vínculo con las provincias y la construcción política de cara al escenario electoral. Mientras busca preservar el equilibrio económico, el Ejecutivo reconoce que necesitará ampliar sus consensos parlamentarios para convertir en ley varias de sus iniciativas más importantes, ya que La Libertad Avanza no cuenta con una mayoría propia suficiente en ninguna de las cámaras.
Entre los proyectos que el oficialismo pretende impulsar figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el paquete denominado Inocencia Fiscal II. A estas iniciativas se suman nuevas medidas económicas y una reforma del sistema electoral, consideradas piezas centrales dentro del programa político del Gobierno para los próximos meses.
En paralelo, la administración nacional decidió modificar el tono de su relación con los gobernadores. La Casa Rosada prepara una nueva ronda de negociaciones con los mandatarios provinciales bajo un esquema de acuerdos diferenciados, en el que buscará intercambiar respaldo legislativo por reformas que beneficien a las provincias.
Uno de los proyectos que el Ministerio de Justicia aspira a enviar al Congreso antes de fin de año contempla una profunda reorganización del sistema judicial federal. La iniciativa propone reducir de 12 a 8 los juzgados federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y, al mismo tiempo, crear al menos un juzgado federal y una unidad fiscal en cada provincia. El plan también incluye el traspaso de la Justicia Nacional a la órbita porteña y la eliminación de más de un centenar de cargos nacionales.
El Gobierno también avanza en una reforma del Consejo de la Magistratura. La propuesta prevé reducir el número de integrantes del organismo y quitar a la Corte Suprema la presidencia del cuerpo encargado de seleccionar y sancionar jueces. Desde el Ministerio de Justicia sostienen que una estructura más reducida permitiría agilizar los procesos de designación, aunque aclaran que una eventual ampliación del máximo tribunal no forma parte de las prioridades inmediatas del Ejecutivo.
La estrategia oficial busca generar incentivos para los gobernadores mediante la creación de nuevos juzgados y fiscalías en sus provincias. A cambio, la Casa Rosada espera obtener apoyo para avanzar con su agenda legislativa, especialmente en proyectos vinculados a la reforma electoral, donde vuelve a aparecer la posibilidad de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Mientras tanto, el Congreso mantiene una extensa lista de iniciativas pendientes. En el Senado, la denominada Ley Hojarasca ya cuenta con dictamen y podría ser tratada en el recinto durante las próximas semanas, aunque comparte prioridad con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En cambio, la reforma del régimen de Zona Fría continúa sin reunir los apoyos necesarios, mientras que el denominado Súper RIGI aún no comenzó su tratamiento en comisiones.
El proyecto sobre la protección de la propiedad privada continúa siendo uno de los más complejos para el oficialismo. Desde la firma de su dictamen sufrió numerosas modificaciones, principalmente por las diferencias generadas en torno a la reforma de la Ley de Tierras y las restricciones para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros. Las dificultades para alcanzar consensos ya provocaron varias sesiones frustradas y amenazan con alterar el cronograma legislativo previsto por el Gobierno.
En la Cámara de Diputados, el panorama tampoco resulta sencillo. El Tratado de Patentes ya obtuvo dictamen, aunque su avance dependerá del desarrollo de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. En tanto, la ley de lobby continúa bajo análisis tras varias reuniones informativas con cuestionamientos de distintos sectores políticos. La reforma electoral, una de las apuestas más importantes de la Casa Rosada para este año, aún no comenzó su debate en comisiones y permanece a la espera de un escenario político más favorable para su tratamiento.