La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y de otros 18 implicados por presunta corrupción en la ANDIS
Foto: Redacción Radio Contacto 104.5 MHz
El tribunal de alzada ratificó las medidas dictadas contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y un grupo de exfuncionarios y empresarios, en una causa que investiga maniobras defraudatorias en la contratación y compra de medicamentos.
La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto a otros 18 imputados en el marco del expediente que investiga maniobras de corrupción, defraudación y direccionamiento de contratos en el organismo estatal.
La decisión judicial, rubricada por los magistrados Eduardo Farah y Roberto Boico, respaldó los lineamientos generales de la pesquisa llevada adelante por el fiscal federal Franco Picardi y el juez de primera instancia Sebastián Casanello. De este modo, el tribunal de apelaciones desestimó los planteos de las defensas y consideró que existen elementos probatorios suficientes para consolidar, en esta etapa procesal, la hipótesis de un esquema organizado de desvío de recursos públicos.
A Spagnuolo se le endilgan cargos de extrema gravedad institucional, entre ellos los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado y cohecho pasivo. Asimismo, los magistrados lo señalaron como presunto jefe de una asociación ilícita destinada a lucrar mediante contrataciones irregulares vinculadas a la provisión de medicamentos y prestaciones sanitarias.
La resolución también alcanza a otros exfuncionarios de la órbita de la ANDIS —como Daniel Garbellini— y a referentes del sector privado, tales como el empresario Miguel Ángel Calvete. Para los jueces, la estructura montada permitió articular contratos simulados y pagos direccionados que vulneraron los controles administrativos de la agencia.
Mientras el expediente continúa su curso hacia la etapa de elevación a juicio oral, el impacto político de la medida resuena en las distintas jurisdicciones del país, donde la gestión de los recursos destinados a sectores vulnerables mantiene en alerta a la opinión pública y a los gobiernos provinciales.
