La postergación del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado profundizó las tensiones dentro del oficialismo y dejó al descubierto diferencias entre distintos sectores del espacio libertario. La decisión generó malestar en la mesa política del Gobierno, donde algunos dirigentes cuestionaron el rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Desde el entorno de Bullrich defendieron la decisión y aseguraron que el aplazamiento respondió a la necesidad de reunir los votos necesarios para garantizar la aprobación del proyecto. Según explicaron, al momento de la sesión faltaban respaldos clave y se optó por ganar tiempo para continuar con las negociaciones.
Uno de los principales obstáculos estuvo en el capítulo referido a tierras rurales, manejo del fuego y expropiaciones, que encontró resistencia en un grupo de senadores radicales aliados. Ante este escenario, el oficialismo abrió conversaciones para introducir modificaciones que permitan destrabar el tratamiento de la iniciativa.
Sin embargo, dentro del propio Gobierno surgieron fuertes cuestionamientos hacia la estrategia de Bullrich. Algunos referentes del espacio consideraron que hubo una mala evaluación del escenario legislativo y la acusaron de haber alterado la dinámica de la sesión por razones políticas propias, una versión que fue rechazada de manera categórica por sus colaboradores.
Las diferencias también dieron lugar a especulaciones sobre supuestos acuerdos internos vinculados a otros temas en agenda, como el tratamiento de pliegos judiciales. Incluso aparecieron versiones que involucraron a otros actores del oficialismo, aunque todas fueron desmentidas por los sectores señalados.
Pese al clima de tensión y las críticas cruzadas, en la Casa Rosada descartan una ruptura con Bullrich y destacan que mantiene una buena relación con el presidente Javier Milei. Mientras tanto, el oficialismo trabaja para alcanzar los consensos necesarios con el objetivo de retomar el debate de la ley en una próxima sesión del Senado.