La Justicia rechazó el sobreseimiento de un ex funcionario y prorrogó la investigación por la venta de tierras fiscales en El Mollar

Causa “Loteo Gaucho Castro”. El juez Mario Velázquez desestimó el pedido de la defensa de Fernando Rogel Chaler, extendió la custodia provincial de las 9 hectáreas en la Reserva Natural La Angostura y declaró el expediente como causa compleja hasta marzo.

El escándalo por la presunta venta ilegal de tierras fiscales en los Valles Calchaquíes sumó un nuevo revés judicial para los imputados. La Justicia tucumana rechazó el pedido de sobreseimiento a favor de Fernando Rogel Chaler, exresponsable de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, en el marco de la causa que investiga la comercialización irregular de parcelas dentro de la Reserva Natural La Angostura, en la localidad de El Mollar. Con esta resolución, el exfuncionario continuará ligado a un proceso que ya acumula casi dos años de instrucción y que apunta a desentramar una red de estafas con bienes del Estado provincial.

Durante la audiencia, la defensa técnica de Rogel Chaler había solicitado su desvinculación definitiva al argumentar una supuesta falta de pruebas concluyentes sobre su participación en la maniobra. Sin embargo, tanto la auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi —en representación del equipo del fiscal Miguel Varela— como la querella de la Fiscalía de Estado se opusieron firmemente. Argumentaron que aún restan pericias clave sobre dispositivos secuestrados y análisis documentales fundamentales para esclarecer el grado de responsabilidad de cada uno de los siete imputados.

El magistrado interviniente respaldó los argumentos de la acusación, desestimó el sobreseimiento y, en simultáneo, prorrogó por cuatro meses la custodia provincial sobre los terrenos recuperados. Además, ante la magnitud de la maniobra delictiva y el volumen de documentación acumulada, el juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía para declarar el expediente como causa compleja, extendiendo las medidas investigativas.

El entramado del “Loteo Gaucho Castro”

La causa se originó a finales de 2024, cuando inspecciones oficiales detectaron construcciones y desarrollos inmobiliarios clandestinos en un predio de aproximadamente nueve hectáreas en el Valle de Tafí. A partir de allí, la investigación fiscal logró reconstruir el modus operandi de una presunta organización dedicada a defraudar a compradores de buena fe.

Según la hipótesis del Ministerio Público, un hombre mayor de edad se presentaba falsamente como propietario de terrenos fiscales. Con la presunta complicidad de empleados infieles de la entonces Subsecretaría de Regularización Dominial —quienes habrían iniciado trámites de aparente respaldo administrativo en Catastro—, la red fraccionó el predio en unas 60 parcelas. Los lotes fueron comercializados a valores que oscilaron entre los 15.000 y los 30.000 dólares cada uno, generando un millonario perjuicio y dejando expuestos a numerosos particulares que hoy reclaman haber actuado de buena fe, mientras la Provincia consolida su dominio sobre el área protegida.