El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 hizo lugar a una medida cautelar que suspende el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dispuesto mediante el Decreto Delegado 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial el 7 de julio.
La medida judicial se originó a partir de un recurso de amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia. El escrito argumenta que el decreto es inconstitucional, por considerarlo arbitrario e ilegal, y sostiene que afecta derechos laborales y humanos fundamentales.
El caso tramita en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 23, a cargo de la jueza Marta Rey. En su presentación, el gremio plantea que la disolución de la DNV excede las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo en el marco de la Ley Bases, al tratarse de un organismo autárquico creado por ley. En ese sentido, invoca el artículo 76 de la Constitución Nacional, que restringe la delegación legislativa, salvo en casos específicos y por tiempo determinado.
La medida cautelar de no innovar busca asegurar, mientras se resuelve el expediente judicial, la continuidad laboral de los 5.245 empleados del organismo y el cobro de sus salarios. Además, el sindicato solicita que, en caso de sostenerse la disolución, los trabajadores sean reubicados en otras reparticiones estatales con las mismas condiciones laborales, antigüedad y beneficios.
El cierre de Vialidad Nacional fue anunciado a principios de julio por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el organismo “se inventó para simplificar la corrupción” y que el Gobierno abrirá una licitación para concesionar 9.120 kilómetros de rutas.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, expresó dudas sobre la implementación de la medida y su impacto en el sistema vial nacional. Weiss señaló que en otros países existen entidades similares a Vialidad y destacó que el mantenimiento anual de la red vial argentina —nacional y provincial— representa un costo estimado en 4.213 millones de dólares, mientras que la recuperación de infraestructura deteriorada podría demandar hasta 40.773 millones de dólares, según datos de la propia entidad.