El ministro de Obras Públicas local, Marcelo Nazur, cuestionó que los recursos del impuesto a los combustibles se usen para sostener el equilibrio fiscal en lugar de reparar la red caminera. La postura tucumana se fijó tras la admisión oficial de la Casa Rosada sobre la retención de $1,5 billones acumulados en el fideicomiso vial.
El conflicto entre las provincias y la administración central sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional, esta vez con la infraestructura vial como eje de la disputa. El Gobierno provincial formalizó un duro reclamo ante el Poder Ejecutivo Nacional tras la confirmación de que más de $1 billón de fondos destinados por ley a la reparación y mantenimiento de la red caminera fueron desviados para financiar el superávit fiscal. La postura local fue expresada con firmeza por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán, Marcelo Nazur, quien exigió el inmediato envío de partidas para atender la red nacional que atraviesa la provincia.
La controversia se profundizó luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera públicamente durante un acto en La Pampa que una porción mayoritaria de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no se está ejecutando en obras públicas. Este fondo, alimentado directamente por el tributo que cada conductor paga al cargar combustible en las estaciones de servicio tucumanas y del resto del país, está siendo redireccionado por el Ministerio de Economía de la Nación hacia instrumentos financieros —como plazos fijos y títulos públicos— para respaldar la meta de equilibrio fiscal.
La admisión oficial se dio tras la revelación de datos presupuestarios que exponen la parálisis en la obra pública: desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el fideicomiso SisVial recaudó aproximadamente $1,5 billones, pero apenas una cuarta parte de esos fondos se volcó a trabajos efectivos sobre la calzada. El resto, equivalente a más de $1 billón, permanece retenido sin ejecutar en los mercados de capitales.
Ante este panorama, Nazur remarcó la arbitrariedad del manejo de los recursos con afectación específica. “A las rutas nacionales hay que cuidarlas porque son una de las vías de comunicación más importantes que tenemos para la integración, el turismo y la salida de la producción. Los fondos que son específicos tienen que ir para las rutas, no solo por el buen estado de la calzada, sino fundamentalmente por la seguridad vial. Hay personas que pierden la vida a diario debido al deterioro del asfalto”, advirtió el funcionario provincial.
En Tucumán, la preocupación de la cartera de Obras Públicas se centra en los más de 600 kilómetros de rutas nacionales que surcan el territorio, entre las que destacan arterias críticas para el comercio de la región como la Ruta Nacional 9, la Ruta Nacional 38 y la Ruta Nacional 157. Mientras la Dirección Provincial de Vialidad ha intentado sostener el bacheo y la señalización en los corredores de jurisdicción tucumana, las trazas dependientes de la Nación exhiben un deterioro que los técnicos califican de exponencial.
Desde el Gobierno tucumano señalaron que, si bien existen versiones avanzadas sobre el inicio de licitaciones para privatizar o conceder tramos clave como la Ruta 9, la falta de mantenimiento preventivo actual incrementa de forma alarmante el riesgo de accidentes y encarece el transporte logístico para el sector cañero, citrícola y comercial de la provincia. La exigencia a la Casa Rosada es inequívoca: que los impuestos cobrados en los surtidores tucumanos regresen en forma de pavimento y seguridad para quienes transitan por la región.