El proyecto de Ley de Libertad Educativa propone una transformación profunda del sistema escolar argentino, con mayor protagonismo de las familias, financiamiento equitativo entre escuelas públicas y privadas y nuevas modalidades de enseñanza.
La iniciativa plantea derogar la actual Ley de Educación Nacional y redefinir el rol del Estado, que pasaría a ser subsidiario, mientras que la familia sería reconocida como el agente primario de la educación. Bajo este enfoque, los padres podrán orientar la formación de sus hijos según sus valores y elegir libremente las instituciones educativas, en un esquema que prioriza la autonomía privada.
Uno de los ejes más controvertidos es la implementación de vouchers, becas o bonos educativos entregados directamente a las familias para financiar la escolaridad, junto con una mayor autonomía de las escuelas privadas para seleccionar docentes y alumnos conforme a su ideario institucional. Además, la ley declara a la educación básica como servicio esencial, lo que limitaría el impacto de paros docentes al garantizar una prestación mínima de clases.
El proyecto también incorpora formalmente el homeschooling y la educación virtual, con evaluaciones nacionales estandarizadas para validar aprendizajes, y crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) como herramienta de medición de resultados. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma apunta a mejorar la calidad y ampliar la libertad de elección, críticos advierten sobre un posible aumento de desigualdades en el acceso a la educación.