Nicolás Maduro realizó este lunes su primera comparecencia ante la Justicia federal de Estados Unidos, luego de haber sido capturado en Caracas durante una operación estadounidense y trasladado a Nueva York. En una audiencia breve pero cargada de tensión política, el líder bolivariano se presentó ante el juez Alvin Hellerstein, en el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, acusado de narcotráfico, narcoterrorismo y contrabando de armas. Vestido con el uniforme naranja de los detenidos, se declaró no culpable y se autodefinió como “presidente legítimo de Venezuela” y “preso político”, afirmaciones que fueron rápidamente interrumpidas por el magistrado.
El juez le ordenó ceñirse a lo estrictamente procesal y evitó que transformara la audiencia en un alegato político, recordándole que ese no era el ámbito para ese tipo de declaraciones. Maduro insistió en que fue “secuestrado” en su residencia y sostuvo su inocencia, aunque para el gobierno estadounidense no es un jefe de Estado sino un criminal acusado de liderar una red de narcoterrorismo. El operativo de traslado desde Brooklyn hasta Manhattan se realizó bajo máximas medidas de seguridad, incluyendo vehículos blindados y un helicóptero.
Junto a Maduro también compareció su esposa, Cilia Flores, quien siguió la misma línea defensiva y se declaró completamente inocente, reafirmando su rol como primera dama de Venezuela. Ambos enfrentan cuatro cargos federales de extrema gravedad, vinculados a una causa iniciada en 2020 y ampliada recientemente. La defensa del matrimonio está encabezada por el reconocido abogado Barry J. Pollack, quien anticipó que cuestionará la legalidad de la captura y reclamará inmunidad, un argumento que Estados Unidos rechaza de plano.
La audiencia, de carácter técnico, dejó establecido el calendario judicial del caso, con una próxima comparecencia fijada para el 17 de marzo, cuando se discutirán cuestiones procesales de fondo. Hasta entonces, Maduro y Flores permanecerán detenidos en el penal federal de Brooklyn, bajo un régimen de máxima seguridad. El proceso, que genera fuerte impacto político y diplomático a nivel internacional, podría extenderse durante meses y, de avanzar las acusaciones, derivar en penas de prisión perpetua.