La aprobación de la reforma laboral en el Senado significó mucho más que un avance legislativo para el oficialismo: representó el desembarco definitivo del libertarismo en el “sistema” que supo cuestionar.
Con concesiones a gobernadores y sectores sindicales, y una estrategia parlamentaria pragmática, el Gobierno consiguió un triunfo político y simbólico de peso, que ahora deberá revalidar en Diputados. La conducción en la Cámara alta, encabezada por Patricia Bullrich, fue clave para ordenar la ofensiva y garantizar los votos.
El nuevo escenario dejó expuesto a un peronismo fragmentado, sin liderazgo claro ni capacidad de disciplinamiento interno. Sin necesidad de rupturas formales, distintos sectores del justicialismo ya actúan con autonomía en comisiones y votaciones sensibles. La falta de una figura convocante y la ausencia de una estrategia común profundizan la crisis de un espacio que, hoy, parece apostar más al desgaste del Gobierno que a la construcción de una alternativa propia.
En este contexto, el desafío para la administración nacional será sostener el respaldo político con resultados concretos. Más allá de la desaceleración inflacionaria, el foco empieza a desplazarse hacia el impacto real en los ingresos y el consumo. Sin una mejora perceptible en los bolsillos, advierten incluso sectores dialoguistas, el oficialismo podría ver erosionado el capital simbólico acumulado tras su victoria legislativa.
