
Las organizaciones no gubernamentales israelíes B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI) emitieron este lunes un pronunciamiento conjunto en el que acusan al Gobierno de Israel de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, en el marco de la actual ofensiva militar. Se trata de una denuncia sin precedentes desde el ámbito de organizaciones locales, en medio de una creciente crisis humanitaria en el enclave palestino.
Durante una conferencia de prensa en Jerusalén, la doctora Daphna Shochat, en representación de PHRI, presentó un informe sobre el impacto del conflicto en el sistema de salud gazatí y sostuvo que “es crucial llamar a las cosas por su nombre”. En la misma línea, Yuli Novak, directora ejecutiva de B’Tselem, afirmó que “Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina de Gaza” y describió este momento como “profundamente doloroso” para la sociedad israelí.
Las denuncias se produjeron en paralelo con el anuncio de las primeras entregas de ayuda humanitaria tras la implementación de “pausas humanitarias” por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), consistentes en suspensiones diarias de operaciones militares durante 10 horas en zonas específicas como Deir al-Balah y Muwasi. Sin embargo, organismos internacionales cuestionaron la eficacia de estas medidas, considerando la magnitud de la emergencia humanitaria en curso.
De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza, al menos 36 personas murieron el lunes en distintos puntos del territorio, incluyendo 14 fallecimientos por desnutrición. El total de víctimas por causas relacionadas al hambre asciende a 147 desde el inicio del conflicto, según datos oficiales.
Informe: patrones sistemáticos y consecuencias devastadoras
El informe presentado por PHRI argumenta que la ofensiva cumple con los criterios legales para ser calificada como genocidio bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. A su vez, B’Tselem documenta declaraciones de altos funcionarios israelíes que, según la organización, expresan intenciones explícitas de destrucción de la sociedad palestina en Gaza.
Ambas organizaciones también señalaron que la comunidad internacional no ha tomado acciones suficientes para frenar el conflicto. Además, advirtieron que las políticas actuales podrían estar extendiéndose a Cisjordania ocupada, replicando allí, aunque en menor escala, el patrón observado en Gaza.
Rechazo oficial y tensiones diplomáticas
El portavoz gubernamental israelí, David Mencer, rechazó categóricamente las acusaciones. “No tiene sentido hablar de genocidio si estamos enviando 1,9 millones de toneladas de ayuda”, afirmó. Atribuyó la responsabilidad de la situación a Hamas, asegurando que las FDI atacan a combatientes, no a civiles.
Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró este lunes que la operación militar continuará hasta alcanzar dos objetivos: la eliminación de Hamas y la liberación de los rehenes israelíes. “No nos rendiremos ni un instante”, señaló.
Mientras tanto, en el plano internacional, figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, expresaron preocupaciones respecto de la crisis humanitaria. Trump declaró no estar convencido por las afirmaciones de Netanyahu sobre la inexistencia de una hambruna, y Starmer calificó la situación como una “catástrofe humanitaria”.
Críticas a la distribución de ayuda
Diversas organizaciones, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), manifestaron su desacuerdo con la modalidad de distribución aérea de ayuda humanitaria, calificándola como “ineficaz” y “peligrosa”. El coordinador de emergencias de MSF en Gaza, Jean Guy Vataux, sostuvo que los lanzamientos ponen en riesgo a la población, al forzarla a desplazarse hacia zonas militarizadas, y que resultan logísticamente insuficientes frente a la demanda.
Según el Ejército israelí, en las últimas horas se realizaron alrededor de 20 lanzamientos de cargamentos en cooperación con Jordania y Emiratos Árabes Unidos. No obstante, fuentes locales reportaron que solo una parte de los suministros logró llegar efectivamente a la población.
Las organizaciones denunciantes subrayan que, si bien la ayuda comienza a fluir, el bloqueo y las restricciones operativas continúan impidiendo una respuesta adecuada, mientras cerca de dos millones de personas permanecen confinadas en una porción reducida del territorio.
