Tras un cierre de 2025 con inflación en alza —2,8% en diciembre—, el Gobierno volvió a centrar su estrategia económica en contener los salarios para evitar que superen el ritmo de los precios. En ese marco, el Ejecutivo fijó un esquema de topes para las paritarias del primer trimestre: busca que los acuerdos no superen el 2% en enero, 1,9% en febrero y 1,8% en marzo, con variaciones según cada sector, pero siempre dentro de ese límite.
Desde el inicio de la gestión libertaria, la Secretaría de Trabajo viene homologando únicamente acuerdos que se ubiquen por debajo o en línea con la inflación, con el objetivo de utilizar las negociaciones salariales como ancla del proceso de desinflación. Sin embargo, esta política derivó en una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Según la consultora C-P, hacia noviembre de 2025 el salario promedio de los principales convenios acumulaba una caída real del 4,5% respecto de comienzos de año, una tendencia que también se reflejó en el sector privado, con varios meses consecutivos de retroceso.
El deterioro salarial fue generalizado y solo una minoría de los sectores logró mejoras reales en los últimos meses. Aunque hacia fin de año se registraron reaperturas con aumentos más altos o sumas fijas, la aceleración inflacionaria impidió compensar las pérdidas acumuladas. De acuerdo con los analistas, mientras el Gobierno no logre bajar la inflación por debajo del 2% mensual, es probable que los salarios continúen estancados o en caída en términos reales.