Clínicas y sanatorios privados de distintas provincias suspenden turnos programados y cirugías por atraso en aranceles y deudas. Se suman advertencias extremas de centros de diálisis y recortes en medicamentos que golpean de lleno a miles de jubilados tucumanos.
El sistema de atención para los afiliados del PAMI atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión del año. Durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto, más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales privados del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza ejecutan una suspensión total de la atención médica programada. La medida, convocada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), afecta consultas generales, prácticas de diagnóstico y cirugías no urgentes, manteniendo activas únicamente las guardias para urgencias y emergencias con código rojo.
Esta protesta se suma a la paralización de actividades que a comienzos de semana llevaron adelante instituciones de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, consolidando un reclamo federal por el desfase financiero de la obra social más grande de América Latina, que agrupa a 5,4 millones de beneficiarios en todo el país.
El reclamo de las clínicas: desfase inflacionario y mora en los pagos
Las entidades médicas que prestan servicios al instituto fundamentan la medida de fuerza en una situación económica que definen como de “extrema fragilidad”. En una nota formal elevada al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, los prestadores denunciaron un atraso acumulado del 131,9% en los valores arancelarios respecto de la suba general de precios.
De acuerdo con los registros del sector, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 241%, mientras que la cápita abonada por el organismo —el monto fijo por cada afiliado asignado— se incrementó sólo un 111%. Frente a este escenario, desde la conducción central del PAMI señalaron que cualquier actualización de aranceles “debe hacerse de forma responsable, contar con financiamiento y tener sustento económico que permita sostenerlo en el tiempo”.
Por su parte, especialistas en seguridad social advierten que la raíz del conflicto radica en la estructura misma del instituto, que al carecer de efectores y sanatorios propios depende de manera absoluta de prestadores privados que hoy no logran cubrir sus costos operativos.
Tratamientos de diálisis y medicamentos: servicios al límite
El conflicto suma un frente aún más delicado: la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la Argentina (CADRA), que asiste a cerca de 5.000 pacientes de PAMI sobre un universo de 10.000 que dependen de este tratamiento para sobrevivir, denunció la falta de actualización del módulo de diálisis durante el último año y medio y una quita del 8% en sus valores reales. La entidad reclama una recomposición urgente del 50%, advirtiendo que la interrupción del tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal deriva en fallas multiorgánicas irreversibles. Desde el organismo nacional respondieron que no hubo recorte de fondos, sino una unificación de ítems y bonos por calidad en un único valor global.
A la crisis sanatorial se añade el recorte en la cobertura farmacéutica. Tras la eliminación del programa de acceso irrestricto del 100% que regía hasta 2024, y el retiro de decenas de moléculas del vademécum básico, los medicamentos para patologías crónicas y agudas pasaron a tener coberturas de entre el 50% y el 80%. Este encarecimiento golpea los ingresos de los adultos mayores: la Canasta Básica de jubilados superó los $1,6 millones, en contraste con jubilaciones mínimas fijadas en torno a los $439.672 (con bono incluido), forzando a miles de personas a recortar o abandonar sus tratamientos.
La realidad en Tucumán: largas filas, trámites y derivaciones saturadas
En San Miguel de Tucumán y los centros urbanos del interior provincial como Concepción, Monteros y Banda del Río Salí, la crisis del PAMI se percibe a diario en las sedes de atención al público y en los sanatorios privados del centro capitalino. Con miles de jubilados y pensionados empadronados en la Unidad de Gestión Local (UGL) Tucumán, la demora en la autorización de órdenes médicas, la falta de cupos en especialistas y las reprogramaciones de turnos se han vuelto una constante.
El conflicto nacional expone la vulnerabilidad de los jubilados tucumanos que asisten a policlínicos y centros de diagnóstico sobre calles como Santiago del Estero, Laprida o Jujuy. Ante la saturación o eventuales restricciones de los prestadores privados locales por falta de pago o aranceles desactualizados, la demanda suele volcarse a los hospitales públicos provinciales —como el Centro de Salud Zenón Santillán o el Hospital Padilla—, cuyos servicios de guardia y consultorios externos ya operan al límite de su capacidad operativa. La necesidad de un acuerdo integral resulta urgente para evitar que el ajuste presupuestario siga recayendo sobre la salud de los sectores más vulnerables de la provincia.