Por segundo día consecutivo, los usuarios del transporte público de San Miguel de Tucumán se ven afectados por un paro impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida mantiene inactivas 13 de las 14 líneas urbanas que operan en la capital y se origina en la suspensión de 154 trabajadores, dispuesta el martes por el sector empresarial ante la baja en la recaudación y demoras en la llegada de subsidios.
El conflicto impacta a cerca de 250.000 pasajeros y expone la profunda crisis que atraviesa el sistema de transporte público en la provincia. En este contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo reconoció que, desde la asunción del presidente Javier Milei, la Nación dejó de financiar el servicio en Tucumán, por lo que el Gobierno provincial debe cubrir mensualmente el faltante.
Un conflicto focalizado en la capital
La protesta se concentra exclusivamente en San Miguel de Tucumán, ya que las suspensiones aplicadas por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) no alcanzan a los servicios interurbanos ni rurales. En paralelo, el sector empresarial envió notas al municipio solicitando una revisión del sistema de pago de subsidios.
Un empresario del transporte explicó a Ámbito que la situación se agrava por la caída del corte de boletos de usuarios que pagan tarifa plena, la creciente competencia de aplicaciones de transporte —especialmente de motos— y el fuerte incremento en los costos operativos, como repuestos y combustibles. A ello se suma, señaló, que los subsidios oficiales no se transfieren con la celeridad necesaria, lo que llevó a las empresas a suspender personal para poder sostener la operatoria mínima.
La propuesta empresarial
A diferencia de otros momentos, AETAT no reclama un aumento inmediato del boleto. “Eso profundizaría la caída en la cantidad de pasajeros”, indicaron. En cambio, propusieron que el municipio reemplace el esquema basado en la recaudación por uno de pago por kilómetro recorrido, modalidad que ya funciona en otras provincias como Salta.
A través de notas dirigidas a la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, y al secretario de Transporte, Benjamín Nieva, el empresariado solicitó que el municipio pague por el servicio que exige —cantidad de unidades y frecuencias— independientemente de la ocupación de los colectivos.
La postura del gremio y las expectativas
Desde la UTA, su secretario general César González confirmó que el paro continuará durante toda la jornada de este viernes y solo se levantará si las suspensiones quedan sin efecto. Según el gremio, la continuidad de la medida empresarial implicaría una reducción de hasta 40% en los salarios de los choferes.
Este viernes por la mañana está prevista la conformación de una mesa de diálogo entre funcionarios municipales, concejales, representantes de AETAT y del gremio. El encuentro será clave para destrabar el conflicto, cuya escalada podría derivar en protestas más profundas desde el lunes próximo.