El paro docente nacional convocado por CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet afecta el inicio de clases en 15 provincias y alcanza a unos 8,5 millones de estudiantes.
Los gremios reclaman una recomposición salarial ante la fuerte pérdida de poder adquisitivo —con sueldos en el nivel más bajo en 20 años— y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el gobierno de Javier Milei.
El conflicto se da en un contexto de fuerte caída de la inversión educativa nacional. Según distintos informes, el gasto en educación se redujo significativamente en los últimos años y hoy representa un porcentaje del PBI muy inferior al de 2015, cuando se alcanzó el pico histórico. Además, fue derogado el artículo de la Ley de Educación Nacional que fijaba un piso de inversión del 6% del PBI entre Nación y provincias. Mientras tanto, la paritaria nacional docente fue convocada tras una decisión judicial que suspendió el Decreto 341/2025, que intentaba descentralizar la negociación salarial.
En el Congreso avanza un proyecto de “fortalecimiento salarial educativo” impulsado por diputados de distintos bloques, entre ellos Nicolás Trotta, que propone declarar la emergencia salarial docente y crear un complemento federal financiado con el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa busca recomponer ingresos, reforzar la infraestructura escolar y establecer reglas de financiamiento más previsibles, en medio de un debate más amplio sobre el rol del Estado nacional y las provincias en el sostenimiento del sistema educativo.