El Gobierno evitó considerar como un revés político la decisión de la Corte Suprema de rechazar el per saltum presentado para intervenir de forma directa en la causa por la reforma laboral.
En la Casa Rosada señalaron que el pedido había sido realizado cuando parte de la ley estaba suspendida y sostuvieron que, con la norma nuevamente vigente, el escenario judicial cambió.
Desde el oficialismo remarcaron que la resolución del máximo tribunal fue rápida y que eso aporta “seguridad jurídica” en medio de un expediente atravesado por cautelares y disputas de competencia. Además, destacaron que la reforma laboral ya se encuentra operativa tras el fallo de la Cámara del Trabajo que restituyó la vigencia de los artículos cuestionados.
El Ejecutivo también se mostró conforme con que la causa continúe en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia laboral. Consideran que allí debe resolverse el conflicto porque se discute la constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso y la actuación del Estado nacional.
Mientras tanto, la CGT mantiene abierto el frente judicial y rechaza que el expediente salga del ámbito laboral. En paralelo, la Procuración del Tesoro seguirá defendiendo la vigencia de la reforma en la Cámara Contencioso Administrativa, donde se desarrollará el próximo capítulo de la disputa judicial.