Una megaintervención de seguridad con más de 2.500 agentes, helicópteros y vehículos blindados dejó al menos 64 muertos —entre ellos cuatro policías— y más de 80 detenidos en los complejos de Alemão y Penha, en el norte de Río de Janeiro. El operativo, dirigido contra el Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil, reavivó el debate sobre los límites del uso de la fuerza estatal en zonas densamente pobladas.

La ofensiva comenzó antes del amanecer del martes, con bloqueos vehiculares en las principales autopistas y el cierre de avenidas estratégicas. Helicópteros, drones y tanques policiales irrumpieron en las favelas, donde los agentes se enfrentaron a una intensa resistencia armada. Al final de la jornada, las autoridades confirmaron la incautación de 42 fusiles de alto calibre y la detención de 81 personas.

El objetivo principal era Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, señalado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho en el conjunto de favelas de Penha. Nacido en 1970 en el estado de Paraíba, el líder criminal acumula más de un centenar de causas por homicidio, narcotráfico, tortura y asociación ilícita. Está acusado de coordinar ataques contra delegaciones policiales y de controlar la venta de drogas en varias comunidades del norte carioca. El gobierno mantiene una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que permita su captura.

Según el gobernador Cláudio Castro, la operación representa “una guerra contra el crimen organizado”, y aseguró que el estado de Río enfrenta “solo” esta amenaza, ante la negativa de las Fuerzas Armadas de brindar apoyo logístico. La fiscalía especializada considera que los complejos de Penha y Alemão son puntos estratégicos para el tráfico de drogas y armas, debido a su conexión con las principales vías de acceso a la ciudad.

Para Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, el ataque fue “el más letal contra grupos criminales en la historia reciente de Río”. El analista destacó que durante años “Doca ha impulsado la expansión violenta del Comando Vermelho hacia otras favelas y estados, en conflicto constante con las milicias —organizaciones vinculadas a ex policías y militares— que controlan amplios territorios de la región”.

Fundado en 1979 en una prisión carioca, el Comando Vermelho evolucionó hacia una red criminal de alcance nacional, con una estructura descentralizada que combina narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. Su poder se sostiene sobre el control territorial en comunidades donde la presencia estatal es limitada o inexistente.

La operación de este martes dejó escenas de guerra urbana: ráfagas de disparos, granadas lanzadas desde drones, autobuses desviados y más de 200.000 personas afectadas por la suspensión de servicios. Las clases fueron canceladas en 45 escuelas y doce líneas de transporte público modificaron su recorrido.

Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la magnitud del despliegue. Human Rights Watch (HRW) advirtió que en Río persisten prácticas policiales abusivas y denunció un proyecto de ley que ofrecería incentivos económicos a agentes que abatan sospechosos, lo que “crea un riesgo de ejecuciones extrajudiciales”. La entidad recordó que casos similares ya fueron documentados en 2009, con manipulación de escenas del crimen y falta de investigaciones efectivas.

No es la primera operación de alta letalidad en la zona. En 2022, una redada en Vila Cruzeiro —vecina de Penha— dejó 23 muertos y múltiples denuncias por uso excesivo de la fuerza.

El desafío ahora, según expertos, será determinar si el Estado logra convertir esta ofensiva en una estrategia sostenible. La prioridad, señalan, debe ser reducir la violencia residual, garantizar investigaciones independientes sobre las muertes y reconstruir el tejido social en las comunidades afectadas.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones policiales en Río de Janeiro —casi dos por día—. Con los 64 fallecidos de esta semana, esa cifra vuelve a poner en evidencia el costo humano de una política de seguridad basada en la confrontación directa.