Este martes 9 de julio vencerán las facultades delegadas que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases. En consecuencia, el gobierno de Javier Milei se prepara para afrontar una nueva etapa sin los poderes especiales que rigieron durante los últimos meses.
Durante las 48 horas hábiles restantes, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, busca avanzar con una serie de reformas finales. Entre ellas se destacan recortes en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y una reestructuración en la Dirección Nacional de Vialidad.
Las facultades delegadas, que fueron aprobadas en junio de 2024, permitieron al Poder Ejecutivo legislar por decreto en áreas específicas declaradas en emergencia: la administrativa, la económica-financiera y la energética. Según el oficialismo, estas atribuciones explican solo una parte menor (5%) del proceso de desregulación impulsado por la actual gestión, aunque fueron utilizadas para ejecutar medidas significativas como el despido de más de 52.000 empleados públicos y el cierre de múltiples dependencias estatales.
Sturzenegger prepara un informe de gestión que será presentado en las próximas horas, donde se detallan reformas implementadas en organismos descentralizados, modificaciones normativas —como la Ley de Alquileres—, ventas de inmuebles estatales, procesos de privatización (por ejemplo, en Belgrano Cargas e Intercargo) y cambios en el régimen del empleo público.
Uno de los recortes más sensibles es el que afecta a Vialidad Nacional, organismo clave para el mantenimiento de rutas y foco de reclamos de los gobernadores provinciales. La reducción de su estructura ha generado resistencia sindical y tensiones con las administraciones locales, que exigen que el Estado nacional retome las obras de infraestructura vial.
En medio de este escenario, varios mandatarios provinciales proponen que se destinen fondos del impuesto a los combustibles líquidos al mantenimiento de rutas, pero hasta ahora no han obtenido respuesta del Ejecutivo. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su preocupación y cuestionó públicamente al presidente: “No puede seguir mirando para otro lado”, afirmó tras el consenso alcanzado entre gobernadores de distintos signos políticos para presentar dos proyectos de ley vinculados a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles.
La relación entre la Casa Rosada y las provincias atraviesa un momento crítico. Mientras en el oficialismo hay sectores que impulsan la expansión territorial de La Libertad Avanza (LLA) con la consigna de “pintar el país de violeta”, otros actores —como el asesor presidencial Santiago Caputo— advierten sobre el costo político de confrontar con todos los gobernadores simultáneamente.
Este conflicto se refleja en el Congreso, donde la oposición —liderada por el kirchnerismo— intenta consolidar alianzas con legisladores que responden a los mandatarios provinciales. Estas alianzas podrían no solo bloquear iniciativas del oficialismo, sino también impedir que LLA logre blindar eventuales vetos presidenciales.
Con el fin de las facultades delegadas a la vista y sin una estrategia parlamentaria clara, el Gobierno se enfrenta al desafío de mantener su hoja de ruta reformista en un escenario político cada vez más fragmentado.