La Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) emitió un comunicado tras la eliminación de los subsidios al transporte del interior por parte del gobierno de Javier Milei. En el texto, la entidad empresarial advierte sobre el deterioro que están sufriendo los sistemas de las jurisdicciones fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

En el texto, Fatap recuerda que desde hace años advierte que la movilidad masiva de las ciudades del interior se encamina “hacia un triste final”.

Fatap lamentó que las consecuencias de la desidia suelen hacerse presentes en los momentos más inoportunos, “como el actual, cuando la pobreza no encuentra su piso, ensañándose con los estudiantes, trabajadores, profesionales, monotributistas y adultos mayores –principales usuarios del transporte público–, quienes padecerán un sistema precario, ineficaz e inseguro si no se adoptan medidas urgentes”.

Los empresarios señalan que los responsables de la situación crítica son “quienes tuvieron la obligación de garantizar la sustentabilidad del transporte público del interior y han contribuido, por acción u omisión, a esmerilar el capital de las empresas prestadoras, su infraestructura y material rodante, llevándolas a una situación de impotencia y riesgo cierto de desaparición”.

Y se quejaron de que las autoridades locales “recién hoy ven las consecuencias de la destrucción del capital de las empresas y de establecer irresponsablemente tarifas que destruyeron el concepto de precio del servicio, quebrando así la ecuación económica de los contratos que ellas mismas diseñaron”.

Luego, la entidad solicitó que se generara un marco legal y económico previsible, sostenible y duradero, y advirtió que no pueden absorber nuevos costos operativos sin aportes que ayuden a recuperar el capital; que los recursos se generen en el mismo momento en el que el usuario paga el servicio, para recuperar liquidez ante la imposibilidad de acceder a créditos, y que se necesita un plan para refinanciar las deudas “con cargo de los intereses a los responsables del sistema de transporte”.