La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo contra la reforma laboral sea tramitada en ese fuero y no en la justicia del trabajo, como se había planteado inicialmente.
Con esta decisión, el Gobierno suma un nuevo respaldo judicial en medio de la disputa por la validez de la norma, al considerar que el reclamo apunta directamente contra el Estado en su rol legislativo.
El fallo, firmado por los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, sostiene que la acción de la central obrera se basa en cuestionamientos constitucionales, leyes federales y tratados internacionales. En ese marco, los jueces concluyeron que la causa no corresponde al ámbito laboral —propio de conflictos entre empleadores y trabajadores— sino al contencioso administrativo, donde se dirimen controversias contra el Estado.
El conflicto se originó a partir del planteo de la CGT, que solicitó la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma aprobada por el Congreso. En respuesta, el Ejecutivo pidió el cambio de fuero al argumentar que no existía un conflicto laboral concreto, sino una impugnación general a la ley. Aunque el fiscal había recomendado mantener el caso en la justicia laboral, la Cámara falló en sentido contrario y avaló la postura oficial, en línea con un antecedente previo de la jueza Macarena Marra Giménez.
En paralelo, el Gobierno también cuestionó la legitimación de la CGT para impulsar una acción colectiva de este tipo, al sostener que no acreditó un perjuicio concreto derivado de la aplicación de la norma. Según el planteo oficial, la mera vigencia de la ley no configura un daño actual que habilite la intervención judicial. Con este escenario, la causa continuará su curso en el fuero contencioso administrativo, mientras se mantiene vigente la reforma laboral y se aguarda una definición de fondo.