Tucumán se convirtió en la primera provincia en aprobar el régimen penal juvenil tras un debate con un solo voto en contra

Con 44 votos a favor y una sola disidencia, la Legislatura tucumana sancionó la ley de adecuación a la normativa nacional que reduce la edad de responsabilidad penal. Hubo cruces políticos, cuestionamientos a la falta de presupuesto nacional y fuertes cruces sobre el enfoque social y punitivo.

Tucumán dio este jueves un paso institucional histórico al convertirse en la primera provincia de la República Argentina en crear un Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil. La norma adecua la legislación local a la Ley Nacional 27.801, la cual reduce de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal. Tras un debate intenso de casi tres horas en el recinto de Muñecas y avenida Sarmiento, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo cosechó 44 votos a favor y uno en contra, bajo la conducción del vicegobernador Miguel Acevedo.

El dictamen unificado fue el resultado del análisis de cinco proyectos y de mesas de trabajo articuladas entre distintos poderes del Estado provincial. Sin embargo, la discusión legislativa expuso profundas diferencias ideológicas sobre cómo abordar la delincuencia juvenil, los índices de seguridad en los barrios del gran San Miguel de Tucumán y la necesidad imperiosa de garantizar herramientas reales de reinserción social.

Voces cruzadas y cuestionamientos a la Nación

El presidente de la comisión de Legislación General, Gerónimo Vargas Aignasse, defendió la iniciativa al remarcar que la provincia debía asumir la responsabilidad de definir qué destino tendrán los menores judicializados. No obstante, lanzó duras críticas hacia la administración central: “Al Gobierno nacional no le importa absolutamente nada de lo que pueda pasar con estos menores de edad. Hemos escuchado decir que el que nace delincuente muere delincuente. Ningún chico quiere ser ladrón, quiere ser deportista o volar un avión”, sentenció, vinculando el flagelo con las adicciones.

Por su parte, la legisladora radical Silvia Elías de Pérez abogó por un equilibrio entre la protección irrestricta a las víctimas y el futuro de los jóvenes: “Un chico nunca puede estar perdido; nunca se puede decir ‘que se pudra’. Las víctimas merecen protección, respeto y una pena justa. No quiero chicos presos, sino que estudien y prosperen”. En la vereda opuesta, Mario Leito calificó la medida como un recurso discursivo ajeno a la solución estructural: “Son discursos fáciles y marketineros. Eso no es justicia, es deserción del Estado”, afirmó.

El único voto negativo de la jornada provino del legislador Hugo Ledesma (Lealtad Peronista), quien fundamentó su rechazo en reparos profundos sobre el funcionamiento general de la Justicia tucumana. A las rispideces se sumaron cruces políticos y referencias al reciente revuelo institucional generado por un video viral de la juventud libertaria, repudiado transversalmente por varios bloques parlamentarios.

Con esta sanción, Tucumán inaugura un nuevo escenario legal y operativo, trasladando la discusión al terreno presupuestario y a la capacidad real del Estado para contener a una población altamente vulnerable.