Una falsa psicóloga atendió a niños con autismo durante casi tres años en un centro terapéutico y terminó imputada por estafa

Romina del Carmen Soldevilla ejercía sin título ni matrícula en un establecimiento de la zona sur de San Miguel de Tucumán. La propietaria del lugar también fue procesada y ambas accedieron a una probation por $8 millones.

Un engaño que sacudió a las familias tucumanas

Para los tucumanos que confían cotidianamente en el sistema de salud y contención terapéutica para el desarrollo de sus hijos, pocas noticias generan tanta indignación como la que se conoció en las últimas horas en los tribunales provinciales. Una mujer que se presentaba falsamente como psicóloga y la directora de un conocido centro de atención especializada de San Miguel de Tucumán fueron imputadas por usurpación de títulos y estafa, tras descubrirse que brindaron tratamientos a niños con trastorno del espectro autista (TEA) durante casi tres años sin ningún tipo de habilitación legal.

El caso, que pone bajo la lupa los mecanismos de control en instituciones privadas del medio local, destapó una maniobra sostenida en el tiempo dentro del Centro Terapéutico Educatea, emplazado sobre la avenida Don Bosco al 3900, en la capital tucumana. Allí, la falsa profesional atendió a menores vulnerables, participó en reuniones escolares y firmó informes interdisciplinarios, simulando un respaldo académico y legal que jamás poseyó, bajo la complicidad de la titular del establecimiento.

La maniobra y el acuerdo de suspensión condicional

De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal Diego Hevia, la maniobra se extendió desde abril de 2022 hasta febrero de 2025. Romina del Carmen Soldevilla operaba dentro del área de psicología del centro sin contar con título universitario ni matrícula profesional, mientras que la propietaria y directora, Marina Roxana Álvarez, le facilitaba la estructura edilicia, la agenda de pacientes y el circuito de facturación ante las obras sociales, provocando un perjuicio económico estimado en cerca de $3,5 millones.

Pese a la gravedad de los cargos por usurpación y fraude, el proceso judicial encontró una salida alternativa cuando las imputadas, asistidas por la defensa técnica, solicitaron el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation). El acuerdo homologado por la Justicia dispuso una reparación económica total de $8 millones —dividida en partes iguales entre ambas— y la obligación de cumplir tareas comunitarias durante un año en instituciones educativas de la capital.