Una madre sentada en el estrado del fiscal: comenzó el primer juicio de la historia provincial sin acusación pública

Tras una larga batalla judicial donde el Ministerio Público se negó a formular cargos contra un policía acusado de matar a su hijo en 2022, Zulma González asumió el rol acusador junto a sus abogados. Es la primera vez que un proceso oral se lleva adelante en Tucumán sin la intervención de la fiscalía.

Una imagen tan inédita como desgarradora sacudió los tribunales tucumanos en las últimas horas, marcando un antes y un después en la historia judicial de la provincia. Zulma González, una madre incansable que lleva cuatro años exigiendo justicia por el asesinato de su hijo Gonzalo Sebastián González (24), se convirtió en la primera persona en ocupar la silla destinada al Ministerio Público Fiscal en un juicio oral y público donde la fiscalía oficial decidió no acusar.

El hecho que dio origen a este proceso límite ocurrió el 12 de agosto de 2022 en la esquina de Coronel Zelaya y Pasaje Vera y Aragón. En la medianoche de aquel día, el agente de Infantería Juan Marcelo Pérez —quien se dirigía a cubrir una consigna— fue alertado por un vecino sobre un supuesto asalto en la zona. El uniformado disparó contra un grupo de jóvenes e hirió mortalmente en el abdomen a Gonzalo, quien alcanzó a escapar en la moto de un amigo antes de desplomarse a dos cuadras.

Desde el inicio, la postura del Ministerio Público Fiscal —que pasó por las manos de los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y la Fiscalía Regional— se alineó con la versión policial: el agente sostuvo que actuó en legítima defensa tras la voz de alto y la presunta agresión armada de los sospechosos. Sin embargo, la investigación paralela impulsada por la familia de la víctima, sostenida en testimonios vecinales, derribó esa coartada. La querella sostiene que no existía tal robo y que el efectivo abrió fuego de manera indiscriminada, efectuando entre cinco y siete disparos tras una falsa alarma vecinal.

Una lucha contra el archivo y el silencio

El camino hasta este debate oral estuvo plagado de obstáculos institucionales. Al no encontrar pruebas que incriminaran al policía, los investigadores se negaron sistemáticamente a formularle cargos, aunque tampoco pidieron su sobreseimiento, lo que mantenía la causa en un limbo jurídico. Ante el intento de desvincular al acusado, la querella apeló con éxito, logrando habilitar la vía para que la acusación particular impulse el juicio por el delito de homicidio.

Representada por los abogados Patricio Char y Facundo Herrera, la querella solicitó una pena de 14 años de prisión para el agente imputado, cuya defensa técnica quedó en manos del letrado Gonzalo Guerra, quien este miércoles peticionó la absolución absoluta.

“La imagen de una madre sentada en la silla de un fiscal es poderosa”, reflexionó el abogado Char al término de la apertura del debate, destacando que el objetivo de la familia nunca fue la venganza, sino romper el cerco de la impunidad y lograr que un tribunal escuche la verdad de los hechos en un juicio oral.