El fallo puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia. Además se firmó la absolución de Julio De Vido.
La Justicia confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy el fallo del Tribunal Oral en el caso Vialidad, que en diciembre de 2022 condenó a la ex mandataria.
La decisión se tomó por mayoría. Además se descartó sumarle el delito de asociación ilícita, También se ratificó la condena a Lázaro Báez y a José López y la absolución de Julio De Vido. La causa fue por administración fraudulenta en la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
El fallo tiene más de 1600 páginas. La Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).
Además se confirmó las absoluciones del del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.
Los jueces que intervinieron
Se dio a conocer el fallo en una audiencia pública que se hizo en los tribunales de Comodoro Py en la que se leyó la decisión. La condena de Cristina Kirchner fue confirmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle a la ex mandataria el delito de asociación ilícita como había pedido la Fiscalía.
El fallo puede ser apelado por todas las partes para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para eso tienen 10 días hábiles. Será el máximo tribunal quien resuelva el expediente y si ratifica la decisión de hoy de Casación el fallo quedará firme y en condiciones de ejecutarse. Pero la Corte no tiene plazos para resolver. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente $ 84.000 millones.
Los hechos juzgados remiten a la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional.