El Gobierno tucumano dará inicio esta semana a la segunda ronda de negociaciones paritarias con los gremios estatales, en un escenario marcado por la crisis económica y los reclamos sindicales por un salario mínimo superior a los $700.000.
Este martes, a las 8.30, la Casa de Gobierno volverá a ser sede de una pulseada habitual pero ahora recargada: el debate salarial del segundo semestre. La discusión se da en un contexto complejo, con sueldos que pierden contra la inflación, una canasta básica que se aleja cada vez más del bolsillo estatal, y una administración provincial con serias limitaciones presupuestarias.
Los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia) y Daniel Abad (Economía) encabezarán los encuentros a puertas cerradas con los principales gremios del sector público: ATE, UPCN, el Frente Gremial Docente, entre otros. Las reuniones se extenderán hasta el jueves en doble turno, con una demanda sindical firme: establecer un piso salarial que no baje de los $700.000.
“Hoy un trabajador no llega a cubrir lo que necesita una familia para vivir”, advirtió Hugo Brito, del Frente Docente, quien también deslizó una advertencia: si no hay una mejora real, se analizará la posibilidad de endurecer las medidas gremiales. Un reclamo similar expresó Lucinda Espeche, de UPCN: “Los sueldos no alcanzan ni para comenzar el mes. Estamos sobreviviendo con créditos, tarjetas y cuotas”.
Mientras tanto, la situación financiera del Ejecutivo provincial se agrava por la caída de la coparticipación nacional y la retracción del consumo interno, factores que reducen los márgenes de maniobra. Sin embargo, los sindicatos rechazan cualquier argumento que sugiera una postergación de aumentos. “Para la Nación es superávit; para nosotros, ajuste”, remarcó Brito.
Esta vez, el Gobierno optó por llegar sin una oferta concreta y escuchar primero los planteos gremiales. Pero el reloj corre, y lo que se acuerde en los próximos días tendrá impacto directo no sólo en la economía de los trabajadores, sino también en el clima social de la segunda mitad del año.
La mesa está servida, pero todos saben que detrás de los números hay mucho más que una negociación salarial. Lo que está en juego, en definitiva, es la dignidad de miles de empleados públicos que enfrentan el ajuste con el bolsillo cada vez más flaco.