La Cámara de Diputados debatirá este miércoles, desde las 12, un proyecto impulsado por distintos bloques opositores que propone acotar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo. La sesión se desarrollará en un contexto de fuerte tensión política, tras la renuncia del diputado José Luis Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto.
El oficialismo deberá enfrentar, además, pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular de Salud, Mario Lugones, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre quien incluso se presentará una moción de censura.
Aunque algunos legisladores —entre ellos, Facundo Manes, del bloque Democracia para Siempre— insistieron en promover la expulsión de Espert de la Cámara, su dimisión al frente de Presupuesto logró desactivar parcialmente la ofensiva. No obstante, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Coherencia mantendrán una agenda común que apunta a marcar diferencias con el Gobierno nacional en temas clave. Desde esos espacios aseguran que Espert no participará del debate.
El pedido de sesión fue impulsado con las firmas de Germán Martínez (UxP), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Carlos D’Alessandro (Coherencia). Aunque la Coalición Cívica, liderada por Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, no adhirió formalmente, el temario incluye una de sus iniciativas: solicitar al Ejecutivo la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), cuestionando la gestión del ministro de Defensa, Luis Petri.
Debate por los DNU
Uno de los puntos más sensibles para el oficialismo es la propuesta de reformar el mecanismo de validación de los DNU. Actualmente, estos decretos solo quedan sin efecto si son rechazados por ambas Cámaras, mientras que basta la aprobación de una para ratificarlos. El proyecto opositor plantea que los DNU deberán ser ratificados expresamente por mayoría absoluta de los presentes en ambas Cámaras dentro de los 90 días posteriores a su publicación. De no ser tratados en ese plazo, perderían vigencia automáticamente.
El presidente de Diputados, Martín Menem, buscó postergar la discusión mediante contactos con gobernadores provinciales, en un intento por contener el avance opositor. Según trascendió, las gestiones no obtuvieron respuestas uniformes.
Un informe que suma presión
Un relevamiento del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo de la Universidad Austral advirtió que, con la Ley Bases, el Gobierno triplicó la emisión de decretos delegados, alcanzando un récord histórico.
Entre el 10 de diciembre de 2023 y el 8 de julio de 2025, se registraron 92 decretos delegados, de los cuales 70 se dictaron bajo la Ley Bases, concentrándose un 76% en las áreas de Economía y Administración Pública.
El promedio mensual de decretos de Javier Milei (5,11) supera ampliamente al de Alberto Fernández (1,77). Además, el actual mandatario ya firmó 63 decretos delegados en 2025, superando los 36 emitidos por Cristina Fernández de Kirchner en 2010.
Interpelaciones y posibles sanciones
La oposición también impulsa interpelaciones a funcionarios del Ejecutivo. En algunos casos, las iniciativas ya cuentan con dictamen de comisión, por lo que se resolverán por mayoría simple durante la sesión. Otras deberán pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por los diputados Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO), respectivamente.
Las citaciones a Karina Milei y Mario Lugones —por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— ya tienen dictamen favorable, por lo que se podría fijar una fecha para su comparecencia en el recinto.
En tanto, los pedidos para Luis Caputo y Guillermo Francos requerirán el apoyo de dos tercios de los presentes para avanzar.
Los legisladores también buscan que Caputo detalle las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos por una eventual asistencia financiera, en línea con un proyecto de Máximo Kirchner (UxP) que reafirma las atribuciones del Congreso en materia de endeudamiento público.
En el caso de Francos, los bloques de Encuentro Federal, UxP y Coherencia promovieron una moción de censura por el presunto incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La moción contempla dos etapas: la interpelación, que debe aprobarse por mayoría absoluta, y la votación final, que requiere el mismo respaldo. Si se aprueba, su consecuencia inmediata sería la remoción del funcionario.