Pablo Maximiliano Amín, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, María Marta Arias, ocurrido en 2007, fue autorizado a acceder al régimen de salidas transitorias y actualmente circula por las calles de Tucumán bajo custodia, situación que genera alarma y repudio en amplios sectores sociales y judiciales.
El caso Amín se convirtió en uno de los hechos policiales más estremecedores del país. El 27 de octubre de 2007, en el interior del Catalina’s Park Hotel de San Miguel de Tucumán, Amín asesinó con extrema violencia a su esposa, de 23 años. La autopsia reveló que la víctima fue estrangulada y posteriormente mutilada, presentando heridas de extrema crueldad. El agresor fue sorprendido por el personal del establecimiento mientras arrastraba el cuerpo, desnudo y en aparente estado de delirio.
Durante el juicio oral celebrado en 2009, la defensa intentó instalar la hipótesis de inimputabilidad, alegando un brote psicótico. Sin embargo, los peritajes oficiales determinaron que Amín no padecía una enfermedad mental incapacitante, sino un trastorno de personalidad antisocial, concluyendo que comprendía plenamente la naturaleza de sus actos. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por ensañamiento.
Un beneficio judicial que reabre la polémica
A pesar de la condena, y amparado en la ley de ejecución penal, Amín inició el proceso para obtener beneficios de reinserción. En 2023, tras un prolongado trámite judicial, la jueza de Ejecución Penal le otorgó salidas transitorias dos veces al mes por tres horas, siempre bajo vigilancia. La decisión fue luego confirmada por el Tribunal de Impugnación de Tucumán, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal.
Desde entonces, el condenado ha hecho uso del beneficio, regresando de manera periódica al ámbito público. La medida generó un fuerte rechazo por parte de los familiares de la víctima y organizaciones feministas, que denuncian una revictimización simbólica y cuestionan la aplicación de beneficios en casos de violencia extrema.
Preocupación por riesgo de reincidencia y sensación de impunidad
El Ministerio Público Fiscal advirtió sobre el riesgo que representa Amín, señalando que el condenado no ha manifestado arrepentimiento, dejó de tomar la medicación psiquiátrica indicada por profesionales y mantiene rasgos de manipulación y alta impulsividad detectados en informes psicológicos del penal de Villa Urquiza.
Para los colectivos de mujeres y familiares de la víctima, la presencia del femicida en las calles representa un agravio. “La pena perpetua pierde sentido cuando un condenado por un crimen de semejante brutalidad vuelve a circular entre la ciudadanía”, señalan.
Una herida abierta en la sociedad tucumana
A casi dos décadas del femicidio, el nombre de Pablo Amín continúa siendo sinónimo de horror. El debate ya no gira en torno a su responsabilidad penal —definida hace años— sino sobre los límites del sistema de ejecución penal y su capacidad para equilibrar los principios de resocialización con la necesidad de garantizar seguridad y justicia en casos de extrema gravedad.
En 2025, Amín sigue condenado, pero ya no permanece confinado de manera absoluta. Su presencia en la vía pública reaviva una herida que Tucumán aún no cierra.