En paralelo a las iniciativas que el presidente Javier Milei busca aprobar en sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional ya avanza en la planificación legislativa de 2026, con la reforma de la Ley de Salud Mental como uno de los ejes centrales. La intención oficial es enviar un proyecto al Congreso durante las sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo, con foco en modificar aspectos clave de la norma vigente, especialmente los vinculados a las internaciones involuntarias y la posibilidad de que los jueces autoricen hospitalizaciones en casos puntuales.
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, fue objeto de cuestionamientos desde su implementación. Si bien su espíritu antimanicomializador buscó garantizar derechos y limitar internaciones arbitrarias, en la práctica —según plantean desde el Ejecutivo— mostró falencias por la falta de dispositivos adecuados para la atención de pacientes con cuadros complejos, un reclamo sostenido por familiares, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad.
En ese marco, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, trabaja en una propuesta que contempla la creación de centros especializados y una mayor intervención judicial en situaciones de riesgo. No es la primera vez que el oficialismo intenta avanzar con estos cambios: varias de estas modificaciones formaban parte del proyecto original de la Ley Bases, pero quedaron fuera del texto final aprobado por el Congreso.
Según trascendió, la iniciativa —aún en etapa de redacción— podría ser anunciada por el propio Milei durante la Apertura de Sesiones Ordinarias. Entre los puntos que se evalúan figuran la habilitación de medidas urgentes por parte de jueces, la definición de casos específicos para internaciones excepcionales, cambios en los criterios de egreso y rehabilitación, la posibilidad de crear neuropsiquiátricos y una reconfiguración del Órgano de Revisión.
El debate vuelve a generar tensiones con sectores y activistas que advierten sobre un retroceso en materia de derechos. Desde la Casa Rosada, en cambio, argumentan con casos de alto impacto, como el asesinato del policía federal Juan Pablo Roldán, y con testimonios como el de Marina Charpentier, madre del músico Chano, quien reclamó en el Congreso mayor claridad normativa y recursos para abordar crisis graves de salud mental y adicciones, además de cuestionar el bajo presupuesto destinado al área.