La discusión por la reforma laboral sumó en las últimas horas un nuevo foco de tensión política: la advertencia de varias provincias por el impacto que tendría una eventual caída de la coparticipación si avanza el dictamen impulsado por La Libertad Avanza en el Senado. El tema, que había quedado en pausa tras los cruces entre la Casa Rosada y el Congreso durante el tratamiento del Presupuesto 2026, reavivó el malestar entre senadores que, si bien se muestran dialoguistas, alertan por el costo fiscal y político que recaería sobre los gobernadores en el inicio del período ordinario. “¿A quienes rechazamos Ganancias en 2024 ahora nos piden esto?”, se quejó un legislador opositor, reflejando el clima que atraviesa a varios bloques.
Desde sectores provinciales remarcan que una baja abrupta en los recursos coparticipables podría equivaler al pago de uno o dos meses de salarios públicos, un golpe difícil de absorber incluso para administraciones que ya aplicaron ajustes. En ese marco, algunos aliados del oficialismo interpretan que el Gobierno podría utilizar este punto como moneda de cambio en la antesala de una eventual sesión. Del lado libertario, en cambio, buscan restarle dramatismo al escenario y sostienen que el impacto será desigual según cada jurisdicción, al tiempo que recuerdan antecedentes recientes en los que artículos polémicos fueron finalmente negociados sin frenar el avance legislativo.
Mientras tanto, la conducción oficialista en la Cámara alta anticipa nuevas rondas de diálogo con empresarios, sindicatos y la oposición, aunque los senadores con votos clave moderan las expectativas y advierten sobre los riesgos de acelerar los tiempos. En paralelo a la reforma laboral, otros dictámenes —como glaciares y estabilidad monetaria— aguardan tratamiento en febrero, mientras que iniciativas más sensibles, como la reforma del Código Penal, asoman como potenciales focos de conflicto en una agenda parlamentaria que promete negociaciones intensas y márgenes ajustados.