Irán atraviesa desde fines de diciembre de 2025 una de las crisis internas más graves desde la instauración de la República Islámica en 1979. Las protestas, que ya dejaron más de 2.700 muertos según observadores internacionales, estallaron por una profunda crisis económica marcada por inflación elevada, desplome de la moneda y deterioro acelerado del nivel de vida. Lo que comenzó como un reclamo social derivó rápidamente en una impugnación política directa al régimen teocrático, con consignas que exigen reformas estructurales, libertades civiles y el fin del autoritarismo.
La respuesta del Estado ha sido de una dureza inédita en décadas. Fuerzas de seguridad y la Guardia Revolucionaria Islámica reprimieron las manifestaciones con fuego real, detenciones masivas y un apagón casi total de internet para impedir la coordinación y difusión de información. Organizaciones de derechos humanos reportan más de 18.000 detenidos y advierten que el número real de víctimas fatales podría ser muy superior al reconocido oficialmente, en un contexto de censura y severas restricciones informativas.
El conflicto adquirió además una dimensión internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentó públicamente a los manifestantes a continuar con las protestas y afirmó que “la ayuda está en camino”, mientras su administración evalúa posibles medidas frente a la represión. Desde Teherán, las autoridades responsabilizaron a Washington y a Israel por la violencia, profundizando un clima de confrontación externa que se suma a la fragilidad interna del régimen.
En las calles, la protesta adquirió un fuerte contenido simbólico, con la destrucción de emblemas del Estado islámico y ataques a edificios públicos, especialmente en Teherán. Analistas advierten que la magnitud de la violencia supera la de otros estallidos recientes, como las protestas de 2022, y que la crisis podría tener impactos regionales y globales, en particular por el peso estratégico de Irán como uno de los principales productores de petróleo del mundo.