La Caja Popular de Ahorros (CPA) inicia este jueves una nueva etapa institucional por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, tras la salida del interventor José Díaz y del subinterventor Darío Amatti, ambos vinculados al diputado nacional Carlos Cisneros. En su lugar asumirán Guillermo Norry, ex interventor del municipio de Juan Bautista Alberdi, y Antonio Bustamante, ex presidente del Colegio de Abogados, quienes jurarán a las 10 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con el mandato explícito de encarar una gestión “ordenada” y alineada a la actual conducción provincial.
Desde el Ejecutivo explicaron que el recambio responde, por un lado, al cierre de un ciclo institucional que se extendió casi una década, iniciado durante el primer gobierno de Juan Manzur, y, por otro, a una acumulación de tensiones políticas internas dentro del oficialismo y entre distintos organismos del Estado. Ya desde fines del año pasado se analizaban cambios en la conducción de la entidad, e incluso habían circulado nombres como los del ex intendente capitalino Germán Alfaro y el ex diputado nacional Agustín Fernández. En paralelo, el jaldismo buscaba consolidar control político sobre una de las instituciones más influyentes de la provincia.
La historia reciente de la CPA está marcada por su fuerte impronta política. Fundada en 1915, permanece intervenida desde 2003, al inicio de la primera gobernación de José Alperovich, lo que la convirtió en un organismo estrechamente ligado a los distintos gobiernos provinciales. El “ciclo” que ahora se cierra había comenzado en 2018, cuando Manzur desplazó a Eduardo Jairala y designó a Díaz, en un contexto de acercamiento con el gremio bancario La Bancaria, tras años de enfrentamientos que tuvieron como escenario central a la propia institución.
Más allá de los cambios de nombres, la relevancia de la Caja Popular trasciende lo administrativo. Como entidad autárquica del Estado provincial, regida por la Ley N° 6274, es el órgano de control del juego en Tucumán y administra una recaudación con destino social: financiamiento del sistema de salud y subsidios a sectores vulnerables. Pero su peso no es solo económico: su capacidad de llegada territorial, mediante ayudas a fundaciones, clubes y organizaciones sociales, la convierte en una herramienta clave de poder político, lo que explica por qué cada recambio en su conducción tiene impacto directo en el mapa de poder provincial.
Fuente: La Gaceta