El proyecto para derogar las jubilaciones de privilegio, impulsado por los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, volverá a ser tratado a partir de marzo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. La iniciativa propone eliminar los regímenes especiales que alcanzan a expresidentes, exvicepresidentes, exjueces de la Corte Suprema, funcionarios del Servicio Exterior y autoridades eclesiásticas, manteniendo únicamente una asignación vitalicia para el presidente de la Nación equivalente al 80% de la remuneración en actividad, e invitando a los actuales beneficiarios a renunciar voluntariamente a estos beneficios en virtud del principio de irretroactividad de la ley.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de la medida implicaría un ahorro anual de $1.234,3 millones para el Estado. Actualmente, las asignaciones vitalicias demandan $1.614,8 millones anuales, de los cuales $859,6 millones corresponden a expresidentes y exvicepresidentes, $709,5 millones a exjueces de la Corte Suprema y $45,8 millones a eclesiásticos. Con la sanción del proyecto, el gasto se reduciría a $380,6 millones, al incorporar a parte de los beneficiarios al régimen general o a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y eliminar directamente la prestación especial para los exvicepresidentes.
El debate vuelve a cobrar relevancia en un contexto de fuerte contraste entre los haberes previsionales. Mientras una jubilación mínima, con bono incluido, ronda los $440 mil mensuales, algunas jubilaciones de privilegio superan los $15 millones. Entre los actuales beneficiarios figuran expresidentes, exvicepresidentes y familiares directos de exmandatarios fallecidos, aunque existen renuncias y beneficios suspendidos por decisiones del Poder Ejecutivo. En esa línea, el presidente Javier Milei formalizó en 2024 su renuncia a la jubilación de privilegio, reforzando el discurso oficial de eliminación de beneficios excepcionales y de reducción del gasto público.