El Gobierno nacional resolvió no modificar el dictamen de la reforma laboral y trasladar la discusión con los gobernadores directamente al recinto del Senado. En el Ejecutivo admiten que no cuentan con los votos necesarios para imponerse en comisión y prefieren administrar eventuales cambios durante la votación en particular. La principal tensión gira en torno a la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, un punto que las provincias buscan revisar por su impacto fiscal.
Dentro de la Casa Rosada existen diferencias sobre la estrategia legislativa. Mientras un sector del gabinete sostiene que no se promoverán alteraciones y que los gobernadores deberán reunir los votos para modificar el texto, otros funcionarios advierten que el proyecto “así como está no sale” y que será inevitable ceder en algunos puntos para asegurar la media sanción. Aun así, el oficialismo considera que reabrir el debate en comisión mostraría debilidad política.
La disputa central se mantiene en el plano tributario y en el capítulo sindical, donde también hay versiones cruzadas sobre posibles concesiones. El ala más dura del Gobierno insiste en avanzar sin cambios que alteren el “espíritu” de la reforma y descarta mecanismos de compensación para las provincias. En ese marco, el Ejecutivo apuesta a definir el futuro del proyecto en una sesión clave del Senado, donde se concentrará la pulseada final con los mandatarios provinciales.